Enrique Yasser Pompeyo
Mesa de Redacción
Tras la comparecencia de la titular del Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz (ORFIS), Delia González Cobos ante los diputados locales, destaca un aspecto: el principal reto ha sido legitimar la tarea fiscalizadora y demostrar a la sociedad que en el ente autónomo “se actúa con integridad, imparcialidad, transparencia y bajo estrictos estándares de calidad”.
Un caso que generó mucha polémica fue la revisión de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2021, particularmente de los ayuntamientos.
La Auditora General fue enfática en ese tema: “esta institución trabajó de manera objetiva, íntegra e imparcial para determinar los resultados presentados el 30 de septiembre de 2022; el ORFIS acata y cumple a cabalidad el mandato de realizar una nueva valoración en los términos precisados en el Decreto 242”.
La demanda es generalizada, tanto de los legisladores como de la población, que se vaya a fondo, sin margen que favorezca a quien o quienes saqueen los recursos públicos.
Y es que, por ejemplo, en materia de obra, hubo denuncias públicas de diferentes sectores en varios municipios, en las que se acusaba a ex autoridades de inflar presupuestos, de justificar “obras fantasma” o de emplear recursos públicos en su beneficio.
En ese sentido, Delia González Cobos señala dos aspectos importantes: por un lado, durante el ejercicio 2021 se sugirió la “actuación oportuna” del Órgano Interno de Control, en este caso, las contralorías municipales para que dieran seguimiento a las observaciones emitidas en los dictámenes e iniciaran procedimientos de investigación, substanciación o, en su caso, realizar las denuncias procedentes.
Por otro lado, cuando el personal del ente fiscalizador buscó a ex servidores públicos, incluidos ex alcaldes, para entregarles las notificaciones para solventar observaciones, simplemente no fueron encontrados, “desaparecieron”.
A lo anterior se suma el hecho de que en algunos ayuntamientos actuales no existió la disposición para otorgar la información requerida respecto de las ex autoridades municipales.
Ahora, de lo que se trata es de sancionar el saqueo patrimonial, tras el robo constante a las arcas municipales, las obras de pésima calidad y el enriquecimiento inexplicable de las ex autoridades municipales.
Como la misma Auditora General lo afirma, “transparentar, fiscalizar y controlar no debe entenderse como un acto de mala fe o seguimiento personal”, ya que “todo acto se dirige a un bien común”.
Sobre todo, cuando destaca que está convencida de que el combate a la corrupción debe iniciar desde casa, pues, incluso, mantienen la certificación del Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001, “del que orgullosamente somos una de las dos instituciones públicas que a nivel nacional cuentan con esta certificación”.
De manera que se esperan resultados contundentes tras la presentación y aprobación de la Cuenta Pública 2021.
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