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    Bernardo Gutiérrez Parra 

    Desde el Café 

    Cuando en 2019 el dirigente estatal del PRI, Marlon Ramírez Marín, comenzó a señalar presuntos malos manejos del erario en el gobierno de Cuitláhuac García, alguien le aconsejó al gobernador que buscara alguna anomalía, alguna página oscura en el pasado del priista para contrarrestar sus ataques. 

    Pero Cuitláhuac, que apenas tenía unos meses en el cargo desdeñó la propuesta. ¿Quién le iba a creer al líder de un partido devaluado cuyos últimos dos gobernadores habían dejado a Veracruz en la vil chilla? ¿Acaso Marlon tenía más autoridad moral que él que prometía meter a los políticos ladrones a la cárcel y un gobierno honesto con cero tolerancia a la corrupción? 

    Como Marlon siguió denunciando lo investigaron, pero no le encontraron nada. Nada que ver con empresas fantasma; nada con el latrocinio que cometieron decenas de funcionarios; nada con algún desfalco o desvío de recursos. Nada. 

    Uta. 

    “Sólo tenemos esto, fue subsecretario de Gobierno con Javier Duarte”. “Perfecto, guarda el dato para cuando se necesite”.  

    Pero el “dato”, que es del conocimiento público, no hizo la menor mella en Marlon cuando por alguna razón Cuitláhuac lo “necesitó” y sacó a colación. 

    Lo que sí ha hecho mella fue la bomba cuya mecha prendió el priista en diciembre anterior durante la glosa al cuarto informe de gobierno; el caso de Araly Rodríguez Vez, la empleada de la SEV que gana 8 mil pesos y a quien la Secretaría de Salud le otorgó 33 contratos por 62 millones de pesos, la Secretaría de Seguridad Pública otro por 40 millones por la venta de uniformes y uno más que le otorgó el DIF estatal. 

    Nomás que esto no es nuevo. 

    En 2021 Marlon dio a conocer que Araly vendía originalmente artículos electrónicos, pero después la Secretaría de Salud le dio un contrato por un millón y medio de pesos para que proveyera a esa dependencia de guantes, batas y otros artículos. 

    En ese tiempo nadie le hizo caso al dirigente tricolor y menos el entonces titular de la secretaría, Roberto Ramos Alor, que se concretó a decir que todo iba bien en su dependencia. 

    Pero más de 100 millones de pesos son palabras mayores. Y la bomba (que el gobierno estatal apostó a que se apagaría con el barullo de las fiestas decembrinas), tronó a principios de este año. Y lo hizo con tanta fuerza que por casi dos semanas ha sido nota en los medios nacionales.

    La onda expansiva alcanzó al gobernador que tuvo que aceptar que la señora Araly podría ser prestanombres de algunas empresas. Y sí, todo apunta a que lo es, no de empresas legalmente establecidas, sino de empresas fantasma, esas que solo existen en la mente de sujetos corruptos (como en la época de Duarte), y les dejan multimillonarias ganancias. 

    El 15 de este mes Araly Rodríguez respondió en una carta abierta que cuenta con todos los requerimientos para participar como contratista con dependencias del gobierno estatal, actividad que practicaba antes de ingresar como empleada de la SEV en 2022, para cubrir un interinato tras el fallecimiento de su esposo.

    Dijo que labora como representante legal de una empresa que cumple con todos los requisitos y el domicilio fiscal registrado ante el SAT es una oficina debidamente constituida, no una tienda de abarrotes como se difundió en los medios. 

    Si existe esa empresa ¿por qué no la da a conocer? ¿Por qué no organiza una conferencia de prensa donde dé su versión y se aclaren paradas? 

    Eso bastó para que Cuitláhuac dijera que no hay nada ilegal pero agregó: “La idea es golpear al gobierno por estos voceros de la corrupción, porque quien señala (Marlon Ramírez) es duartista hasta las cachas, y es del PRI, que ahora va en alianza con el PAN, que eso la gente a veces no lo tiene claro, pero aquí en Veracruz van juntos, ya lo anunciaron a nivel nacional”.

    Sus argumentos dan ternura, lector. 

    En el hipotético caso que Marlon sea “duartista hasta las cachas” ¿qué tiene que ver eso con los más de 100 millones de pesos que andan bailando en la SS, la SSP y en el DIF estatal? 

    La frase “voceros de la corrupción” que le endilgó tanto a Marlon como a los periodistas que han investigado el caso les quedó al puro pelo porque se han convertido en eso; en voceros de la corrupción de la 4T. 

    Esos voceros siguen investigando y no tardando destaparán cloacas más pestilentes de las que saldrán bien embarrados sujetos y sujetas que llegaron al poder ondeando la bandera de la honestidad, la honradez y la decencia.

    Si son todo eso, ¿por qué no siguen repitiendo el slogan con el que embaucaron a 30 millones de mexicanos? ¿Cómo iba? Ah sí; no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. 

    Caray, qué bien les salía. 

    bernardogup@hotmail.com