Felipe de Jesús Fernández Basilio
Desde a Janela
“Ya solo restan un año, cuatro meses y diecinueve días para que se vaya a … su rancho”
Tanto el presidente de la república como los legisladores y los gobernadores de su partido (MRN) mienten descaradamente cuando claman a los cuatro vientos que la SCJN usurpó las funciones de los legisladores al echar abajo las dos primeras leyes que conforman el paquete de reformas legales en materia electoral, mejor conocido como el plan B de López Obrador.
También mienten los sujetos ya mencionados cuando alegan que la SCJN no es electa democráticamente dando a entender que, por votación popular, y que a pesar de ello se pretende imponer a los otros dos poderes que sí son electos de esa manera.
Y sí, mienten descaradamente y ello es así, porque la constitución establece detalladamente tanto las facultades de la SCJN y del poder judicial en general, como el método por el cual son elegidos los ministros que la integran y en el cual, por cierto, intervienen los otros dos poderes.
Ahora bien, ¿Por qué fue absolutamente legal la resolución que tomo la SCJN de declarar la invalidez de las primeras dos leyes que integran el llamado plan B de López?
Porque el constituyente estableció que la SCJN sea un tribunal constitucional y como ya se señaló en este espacio (Desde a Janela: Justicia Constitucional), la obligación de un tribunal constitucional es precisamente revisar que las actuaciones de los otros dos poderes sean apegadas a lo que establece la constitución.
Y en el caso concreto de la expedición de una ley, como en este caso aconteció, el tribunal constitucional debe de revisar en primer lugar que la ley haya sido expedida conforme al proceso legislativo que establece el artículo 72 de la constitución y, en segundo lugar, que el contenido de esa ley no se oponga a lo establecido en toda la constitución.
Y resulta que las leyes propuestas por López Obrador y aprobadas en automático por sus bancadas legislativas ni siquiera pasaron el primero de los filtros, ya que fueron aprobadas sin cumplir con lo que establece el referido artículo 72 constitucional, el cual a la letra dice que: “Todo proyecto de ley o decreto, cuya resolución no sea exclusiva de alguna de ellas, se discutirá sucesivamente en ambas, observándose la ley del congreso y sus reglamentos respectivos, sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones”, y eso sucedió, porque dichas leyes fueron aprobadas sin llevar a cabo una discusión previa al dispensarse todos los trámites e incluso al no ser puestas en conocimiento de todos los legisladores con la antelación suficiente para poder conocer el contenido de las iniciativas presentadas.
En resumen, la bancada oficialista evitó que la oposición conociera y debatiera el contenido de las iniciativas que aprobaron sin dictaminar ni debatir, lo cual constituyó una violación a las leyes y reglamentos que rigen el proceso legislativo en las cámaras del Congreso de la Unión y, en consecuencia, se violó el artículo 72 de la constitución.
Y al acreditarse esa violación constitucional al proceso legislativo, la SCJN tuvo que invalidar las normas sin si quiera estudiar si su contenido se adecua o no al texto constitucional, ya que, al no cumplirse con el proceso legislativo, la ley aprobada ya es nula en sí misma.
Cabe señalar que es altamente probable que lo mismo suceda con el resto del llamado plan B y con las diversas leyes que fueron aprobadas al finalizar el segundo periodo de sesiones del segundo año de la legislatura actual.
Por último, es importante señalar que México es un país con un régimen basado en la supremacía de la constitución y por ello, las normas constitucionales son superiores a las actuaciones de los poderes establecidos por la propia constitución; lo que en lenguaje claro y comprensible significa que ninguna mayoría legislativa ni mucho menos ningún presidente, por muy votado que haya sido, puede actuar por encima de lo que establece la constitución.
Y para velar por su respeto, existe un tribunal conformado por especialistas en derecho que anulará toda actuación de los demás poderes que incumpla o que vaya en contra de la Ley Suprema.
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Twitter: @FelipeFBasilio