Felipe de Jesús Fernández Basilio
Desde A Janela
“Ya solo restan un año, tres meses y veintiún días para que se vaya a … su rancho”
La falsa cruzada en contra de la independencia judicial emprendida por los gobiernos de la muy mal autollamada 4t, en Veracruz ha llegado a los niveles más ruines y grotescos que se hayan visto y la detención arbitraria de una juez de control y proceso penal oral fue la última muestra de ello.
¿Cuál fue el delito que cometió la juzgadora que fuera detenida, liberada por falta de elementos pero que sigue siendo investigada y también sujeta a un procedimiento administrativo totalmente punitivo por parte de una institución nada autónoma que se denomina Consejo de la Judicatura de Veracruz?
Su delito fue acatar una sentencia de amparo que no gustó a los que gobiernan en la entidad, vaya, ni siquiera fue el actuar con independencia, puesto que, previo a la promoción del amparo, su actuación había sido la de una juez de consigna que subsanó hasta donde pudo las deficiencias presentadas por la dizque fiscalía que existe en Veracruz.
Sin embargo, cuando la defensa del acusado demostró en un juicio de amparo el actuar de la juez, ésta no tuvo más remedio que dejar de suplir las deficiencias de los acusadores y ordenar la libertad del detenido; por lo que su “error” fue no consultar a quien preside el poder judicial, otra deshonra para la impartición de la justicia penal en Veracruz debido a que la magistrada presidente muchos años fue juez de control y ahora exige que no se respeten las leyes de la materia, sobre la decisión que tomó y más aún, porque la juzgadora no hizo más maromas para corregir las deficiencias que la fiscalía tuvo en la imputación.
Con la ya comentada, Veracruz lleva ya la detención de dos jueces de control y proceso penal oral, el primero sigue en la cárcel y la segunda es la que narramos y llama poderosísimamente la atención, que el móvil de las detenciones ha sido una cita en el Consejo de la Judicatura de la entidad, es decir, existe plena complicidad entre las autoridades administrativas del poder judicial y el gobierno del estado a través de la fiscalía, que penosamente es un apéndice muy atrofiado que tiene, y desde luego el mensaje que se manda a todos los jueces penales de carrera es que obedecen o se van a la cárcel y se quedan sin trabajo.
Así de simple y así de contundente.
Desde luego, esa “obediencia” va en contra de las leyes y los principios que rigen el procedimiento penal mexicano, el cual es de corte adversarial y, por lo tanto, uno de sus postulados es que en todo proceso penal debe de prevalecer el principio de igualdad de armas entre las partes, el cual es vulnerado al obligar a los juzgadores a corregir los vicios que existen en las acusaciones presentadas por la fiscalía y también esa misma “obediencia” implica imponer la prisión preventiva oficiosa a quienes se quiera perseguir por parte del poder, aunque esta sea la excepción y no la regla.
Y así, tenemos que Veracruz es el estado con más presos políticos en todo el país y, muy seguramente, la justicia penal en el estado está cayendo a un nivel muy similar al que tiene la de Nicaragua, ya que las historias de persecuciones políticas en uno y otro lado, poco varían.
La llegada de Lizbeth Aurelia Jiménez Aguirre a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura de Veracruz ha devenido en una escalada en cuanto al sometimiento de los juzgadores veracruzanos; ya que ahora la totalidad de los jueces penales deben de dejar de ser independientes y aplicar el derecho penal conforme a la constitución, para convertirse en una especie de súper fiscales, claro, cuando haya intereses políticos de por medio.
Así es, la mezcla perfecta para la represión política en Veracruz es una realidad, ya que existe un Congreso local que se encuentra conformado por verdaderos inútiles que solo levantan el dedo para aprobar cualquier despropósito que les manden de palacio de gobierno, y que en el caso que nos ocupa es la creación de delitos que llevan prisión preventiva oficiosa; también existe una fiscalía a modo, que arma expedientes exprés con testigos fallecidos, firmas falsas y cuantas linduras se les puedan ocurrir y ahora se está convirtiendo el poder judicial en tribunal revolucionario, conformado por jueces de carrera sometidos y por magistrados sin conocimientos penales.
El resultado de todo esto es hay muchísimos presos políticos en prisión preventiva y ninguna sentencia firme que establezca su culpabilidad, porque es cierto, no hay una sola sentencia de culpabilidad
Ah, pero eso sí, nada de esto opera para el ciudadano común y corriente, quien tiene que esperar años y años, sin que sus denuncias por delitos comunes avancen.
En verdad, la justicia penal en Veracruz está cada vez más podrida.
felfebas@gmail.com
Twitter: @FelipeFBasilio