Enrique Yasser Pompeyo
Mesa de Redacción
El caso del Grupo MAS, empresa que da el servicio de agua potable a los municipios de Veracruz y Medellín escaló hasta La Mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador.
AMLO se pronunció por investigar los términos leoninos con que se otorgó la concesión a Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento (MAS), lo que para muchos significa un aliciente a la lucha emprendida para terminar con los abusos y arbitrariedades que ha venido cometiendo esta empresa desde hace siete años.
Pero, también, es un llamado de atención a los ediles emanados de Morena del puerto de Veracruz y Medellín, sobre todo los del Cabildo de este último, porque van en sentido contrario al aliarse con Grupo MAS y pretender favorecer a los Barquín con la concesión del agua en Puente Moreno y Lagos de Puente Moreno.
Para el diputado local Maleno Rosales Torres, el mensaje del presidente es la “puntilla” que falta para avanzar en la cancelación de la concesión a una empresa que sólo se ha preocupado por enriquecerse a costa de la salud y del derecho al agua de miles de habitantes en la zona Veracruz-Medellín.
Con el respaldo federal, además de echar abajo la concesión, también se busca hacerle justicia a la población usuaria y a los cerca de dos mil ex trabajadores despedidos injustificadamente al extinguirse SAS y entrar en operación Grupo MAS.
Ante los señalamientos del titular de la PROFECO, Francisco Ricardo Sheffield Padilla, en el sentido de que la empresa tendría aliados en el actual Congreso Veracruzano, legisladores rechazan dichas acusaciones.
Al respecto, el representante del distrito local de Medellín le precisó que quienes fueron los aliados de Grupo MAS se encargaron de armar una concesión con muchos candados y beneficios para la empresa.
«Fueron diputados y diputadas locales panistas y priistas a quienes, hace ocho años, no les importó el bienestar de la ciudadanía, pues votaron en función de sus intereses políticos y seguramente económicos. Nos heredaron uno de los peores y más abusivos operadores privados de sistemas de agua en México».
En lo que sí coincidió Maleno Rosales con Ricardo Sheffield es en que aún existen legisladores y autoridades municipales que amparan a toda costa a esa concesionaria, “pero esos están del lado azul, allá en el puerto, mientras en Medellín de Bravo parece que los ediles también se olvidaron de proteger a su pueblo”.
Por cierto, PROFECO lleva tres años defendiendo a los usuarios sin lograr que en las instancias judiciales se resuelvan las demandas, mientras en el Congreso local el bloque de Morena abrió frentes con el ORFIS, Secretaría de Salud, Conagua y Procuraduría del Medio Ambiente para sustentar las irregularidades con las que viene operando, a fin de aportar los elementos jurídicos necesarios para iniciar un proceso de cancelación de la concesión.
Al final, de lo que se trata es acabar con los abusos, arbitrariedades e incumplimientos de la empresa para garantizar un abasto y servicio de calidad a miles de usuarios en la zona Veracruz-Medellín.
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