Bernardo Gutiérrez Parra
Desde el Café
Hace dos años, en septiembre del 2021, el señor gobernador Cuitláhuac García estaba hecho unas pascuas porque Veracruz fue catalogado como el segundo estado más seguro del país, al registrar una de las cifras más bajas de incidencia delictiva.
La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2021 presentada por el INEGI, dio a conocer que en el 2020 se alcanzó en el país una tasa promedio de 30.6 delitos por cada 100 mil habitantes, mientras Veracruz se ubicó como la segunda entidad con menor incidencia delictiva con una tasa de 18.8 delitos, sólo debajo de Chiapas que registró 15.7 delitos por cada 100 mil habitantes.
Un huevo de ese tamaño había que cacarearlo y fue lo que hizo Cuitláhuac que ha seguido con el cacareo, aunque hoy el panorama es diametralmente distinto.
A principios de esta semana la misma ENVIPE dio a conocer que el 81.4 por ciento de los veracruzanos se sienten inseguros, lo que coloca a Veracruz en tercer lugar nacional con una percepción de inseguridad muy elevada, después de Zacatecas y Guanajuato.
En contraste, la información del ENVIPE da a conocer que Veracruz está en la lista de las entidades con menor prevalencia delictiva con 13 mil 597 delitos por cada 100 mil habitantes. Cifra menor a la del 2022 cuando la prevalencia era de 17 mil 129 delitos por el mismo número de habitantes.
Y de ahí se están agarrando Cuitláhuac y sus panfleteros para seguir cacareando que Veracruz es un estado seguro.
¿Pero lo es?
No. No puede serlo cuando 8 de cada 10; 80 de cada 100; 800 de cada 1000 y 8 mil de cada 10 mil veracruzanos, no se sienten seguros en el municipio donde viven.
Que haya 3 mil 532 delitos menos que el año anterior (menos fraudes, menos robos y menos extorsiones), no es como para bailar de gusto cuando los delitos de alto impacto como los homicidios dolosos, secuestros y feminicidios son la constante. Y son los que tienen en vilo a más de 6 millones 250 mil veracruzanos (de los 8.5 millones que tiene esta bendita tierra) que viven entre el miedo, la angustia y la zozobra cotidianas.
Y si a la inseguridad le agregamos la pobreza, futa…
A principios de agosto el Coneval dio a conocer que medio millón de veracruzanos salió de la pobreza lo que festejó casi hasta el éxtasis Cuitláhuac García. Pero pasó por alto que más de la mitad de la población, es decir, 4 millones 244 mil personas (el 51.7 por ciento) viven en la pobreza. Y de éstas, el 13.1 por ciento que son 555 mil 964 veracruzanos, viven en pobreza extrema. Esto es, no tienen para comer y no se diga para vestirse o vivir bajo un techo digno.
¿Qué hizo su gobierno para que 505 mil paisanos salieran de la pobreza? Absolutamente nada.
Quienes pegaron el salto hacia arriba le deben el brinco a los apoyos asistenciales del gobierno federal, a los empleos creados por el sector empresarial y a las remesas que envían nuestros connacionales desde el otro lado del Bravo. El único aporte de Cuitláhuac ha sido caravanear con sombrero ajeno.
Ahora, guste o no guste (en especial a los seguidores de Rocío Nahle), gran parte de los apoyos federales los ha repartido el delegado del Bienestar Manuel Huerta Ladrón de Guevara, que en ese sentido le lleva una enorme delantera a la zacatecana cuyos apoyos para la tierra que la hizo gente han sido puras promesas.
Mientras Rocío le dijo a Joaquín López Doriga que quiere ser la primera mujer gobernadora de Veracruz y que su compromiso en Dos Bocas era construir la refinería y echarla andar “y eso ya se hizo” (lo que no es cierto), Manuel Huerta, que también quiere ser gobernador, tiene con qué hacer constar que ha entregado cientos de millones de pesos en apoyos a los más necesitados y gracias a ellos medio millón de veracruzanos salió de la pobreza.
Es decir, mientras Rocío ya no sabe cómo mentir; Manuel tiene con qué presumir.
Si éste resulta candidato, su bandera de campaña serán esos apoyos y con eso tendrá. En contrapunto, Rocío cargará con el pesado lastre de Dos Bocas y para colmo deberá apoyarse en un devaluado gobernador que ni acabó con la inseguridad, ni combatió la pobreza que se palpa como pocas veces en cada rincón de la entidad.
La Guardia Nacional a las órdenes de Bartlett
Casi a media semana la Guardia Nacional se hizo presente en Cosoleacaque, pero no para perseguir delincuentes, sino para “apoyar” a trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad que le bajaron el switch al ayuntamiento de ese municipio por un adeudo que no ha podido cubrir.
Lo anterior motivó que este miércoles el líder estatal del PRI, Marlon Ramírez Marín, dirigiera una enérgica carta al titular de la CFE, Manuel Bartlett, donde le reclama que no escuchara los argumentos de las autoridades municipales para liquidar ese pasivo.
Marlon le dice a Bartlett: “Nos parece muy grave que el Ayuntamiento de Coatzacoalcos al amparo de su jefa, la secretaria de Energía, Rocío Nahle, desde hace dos administraciones le adeuda a la Comisión Federal de electricidad más de 200 millones de pesos, y nadie ha ido a cortarles la luz a los servicios municipales, ni tampoco a la gente trabajadora del mercado y ni a los pacientes de la clínica de salud”.
Líneas adelante agrega: “Exigimos trato digno para los alcaldes de extracción distinta a Morena, exigimos los servicios que siempre se han prestado a la ciudadanía sin distingo de colores, exigimos que se deje de engañar al presidente Andrés Manuel López Obrador con empresas eficientes como le apodan a CFE, ya que hoy no lo es”.
Y remata su misiva recriminándole al octogenario funcionario que la “justicia social que prometió el presidente (López Obrador) nunca llegó en su sexenio por funcionarios que no le funcionaron; reivindique su labor y elimine los prejuicios políticos de las decisiones que deberían ser técnicas y administrativas, al menos por los meses que le restan al frente de la CFE”.
Es importante señalar que Cosoleacaque no es el único municipio que tiene adeudos con la CFE, son varios. Pero en su gran mayoría son de Morena y a ellos Bartlett no les toca ni un pelo y menos les echa a la Guardia Nacional.
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