Enrique Yasser Pompeyo
Mesa de Redacción
Este martes, el titular de la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente de Veracruz, Sergio Rodríguez Cortés, hizo frente a los señalamientos que realizó en su contra el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana de Xalapa (COPARMEX), Juan Carlos Díaz Morante.
El empresario denunció la aplicación de multas millonarias y amenazas de clausura en contra de dos empresas de la zona centro del estado por parte de las autoridades ambientales.
Sin embargo, el Procurador Estatal del Medio Ambiente fue claro al precisar que los montos de las multas impuestas están determinadas por las leyes ambientales y no pueden ser reducidas de manera discrecional por los funcionarios encargados de vigilar su cumplimiento.
Es más, Sergio Rodríguez Cortés está dispuesto a someter a revisión de cualquier autoridad la pulcritud de los procedimientos.
Y es que parecería que el presidente de COPARMEX-Xalapa cree que las leyes ambientales son de cumplimiento voluntario para sus agremiados.
Tan es así que en conferencia de prensa solicitó que se les otorguen segundas y terceras oportunidades para corregir sus omisiones en materia ambiental, antes de imponer las multas contempladas en la ley, “acorde al momento y a las circunstancias de la situación económica actual de las empresas del Estado”.
Juan Carlos Díaz Morante olvida que la ley no se negocia, ni se aplaza. Se cumple y se hace cumplir. Las mismas obligaciones ambientales y consecuencias por su incumplimiento son aplicables a todos los ciudadanos, aunque sean sus agremiados.
En lugar de pedir privilegios contrarios a la ley, debería impulsar que todos los miembros de su asociación cumplan con sus obligaciones.
Con justa razón, Sergio Rodríguez señaló que sólo podrían acusarle de aplicar la ley; sin embargo, algunos creen que sólo debe hacerse valer el Estado de Derecho, cuando les beneficia.
Por cierto, nadie se sumó a los señalamientos del presidente de la COPARMEX-Xalapa; por el contrario, este martes, los presidentes de la Cámara de la Industria de la Construcción en Veracruz y Poza Rica se deslindaron públicamente de aquél, al afirmar que ellos siempre han tenido una relación de respeto, afecto y cooperación con la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente de Veracruz.
Incluso, una de las dos empresas que “defendía” el líder de la COPARMEX-Xalapa ya resolvió su caso, después de reconocer que había incumplido con normas ambientales. El presidente de la COPARMEX-Xalapa, se quedó solo.
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