Enrique Yasser Pompeyo
Mesa de Redacción
El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, al parecer, tiene memoria corta.
En 2018, a su llegada a la administración estatal, se emitió la Declaratoria de Programa Emergente por Crisis de Violaciones Graves de Derechos Humanos en Materia de Desaparición de Personas en Veracruz.
Palabras más, palabras menos, el Ejecutivo veracruzano dijo que se reconocería la realidad y se hablaría con la verdad, con sensibilidad y humanidad a las víctimas.
También prometió que las víctimas de delitos y de violaciones de derechos humanos serían una prioridad.
El mandatario agregó que se trataba de empezar a construir un Veracruz digno, sin mentiras, por lo que no habría más engaños; a partir de la verdad se construiría un estado más justo, más solidario y en paz.
Pues parece que todo ese discurso se le olvidó a Cuitláhuac García Jiménez o tal vez mintió.
Este lunes, día en que se manifestaron alrededor de 30 colectivos de familiares de desaparecidos en el centro de Xalapa para exigir al gobernador que los recibiera junto con la fiscal general Verónica Hernández Giadáns, como mera “coincidencia” Cuitláhuac García no estaba en Veracruz, sino en Oaxaca para ver temas de seguridad en aquella entidad.
A casi cinco años de dicha declaratoria y de la reunión que sostuvo con algunos colectivos, al gobernador parece que ya no le interesa reunirse con las familias, tampoco escucharlas, ni mucho menos resolver los cientos o miles de casos pendientes.
Aunque el gobierno estatal buscó salir al paso con un boletín para intentar justificar que sí se preocupa por las víctimas y sus familias, no se observa que haya voluntad política.
Parecería que en la administración que encabeza Cuitláhuac García Jiménez están más preocupados por la sucesión gubernamental que por atender los casos de desaparecidos y una larga lista de asuntos prioritarios.
Más allá de la asignación de recursos para las dependencias y la atención a las víctimas, lo prioritario debe ser la apertura al diálogo.
La falta de comunicación por parte del gobernador y de la fiscal general envía un mal mensaje a los veracruzanos; lo único que provocarán será un malestar generalizado que podría tener un alto costo.
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