Enrique Yasser Pompeyo
Mesa de Redacción
La violencia política en razón de género en el país y particularmente en Veracruz se debe castigar con todo el peso de la ley, porque hasta el momento sólo se queda en el discurso.
El tema cobra relevancia ante el inicio del proceso electoral en la entidad, sobre todo, porque no hay piso parejo.
Contundente como es, la diputada local Anilú Ingram Vallines, desde la tribuna del Congreso del Estado exigió que se acabe la simulación y los discursos sobre apoyar la causa de las mujeres y garantizar sus derechos, porque en los hechos no es así.
Es más, señala que no se está legislando ni garantizando que la paridad se cumpla en todas las candidaturas.
De ahí que demandara a todos los partidos políticos, piso parejo, garantías de participación y “no importando el color en el que estemos, defender y alzar la voz, que se garantice la participación libre y segura de cada una de nosotras”.
La lucha por los derechos de las mujeres no es de ahora, es una lucha de muchos años, de décadas y que ha costado muchas vidas.
Por ello, Anilú Ingram también exigió que se acabe la toma de decisiones únicamente entre hombres. “Basta ya que entre una cúpula se tomen las decisiones”, expuso.
La coordinadora del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional exigió, de manera respetuosa pero firme, que el órgano electoral cumpla la ley.
“Porque si tocan a una, nos tocan a todas, sea del partido que sea; si alguna de las próximas candidatas es vulnerada, ahí estaremos todas exigiendo sus derechos, defendiendo los mismos, alzando la voz y cerrando filas”.
En ese contexto, cabe mencionar que el proceso electoral federal 2017-2018 se caracterizó por ser uno de los más violentos.
106 candidatas y/o políticas en funciones padecieron, al menos, ocho distintos ataques en su contra: asesinatos, amenazas, intimidaciones, secuestros, agresiones con armas de fuego, agresiones físicas o con arma blanca, asaltos con y sin violencia, así como atentados contra sus familiares.
Además, 16 mujeres fueron asesinadas, cinco de ellas eran candidatas y dos precandidatas a puestos de elección popular. Asimismo, hubo cinco secuestros e intentos de privación ilegal de la libertad.
Las amenazas y actos de intimidación fueron el tipo de agresión más recurrente con 50 casos de mujeres políticas, de las cuales, 43 eran candidatas.
Los casos reportados sucedieron en 23 entidades del país, estando Veracruz dentro de los primeros cinco estados con el mayor riesgo para la actividad política de las mujeres.
Hay un dato alarmante. En Veracruz, en el proceso electoral 2020-2021 se presentaron más de 150 denuncias por violencia política en razón de género. Por cierto, en los últimos cinco años, más de 40 políticas y políticos han sido asesinados.
De manera que para estas elecciones, el Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLE) debe realizar su trabajo de manera contundente para que haya legalidad, imparcialidad, transparencia y, sobre todo, perspectiva de género.
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