Oved Contreras
Secas Mecas
Ayer probó Cuitláhuac García lo que en política llaman “un gobernador en retiro”…el gobernador saliente irá perdiendo fuerza conforme se acerque su final y el régimen se pone a las órdenes del que suponen será el próximo mandamás o mandataria en este caso la zacatecana Rocío Nahle.
La chamba se la hicieron en el Congreso local donde los diputados morenistas tumbaron los nombramientos de magistrados afines a Cuitláhuac porque obvio Nahle quiere imponer los suyos…en la última sesión ordinaria del Pleno de la LXVI Legislatura del Estado de Veracruz, fue sacado del orden del día la votación de nuevos magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
La mayoría de las propuestas eran de personas afines al gobernador Cuitláhuac García Jiménez, como Ángel Alarcón Palmeros, director general de Transporte del Estado; Sarahí Peña Galaviz, subsecretaria de Prevención y Participación Social de la Secretaría de Seguridad Pública; Arturo Sosa Vázquez, director general de Patrimonio del Estado; José Alfredo Corona Lizárraga, comisionado del IVAI…ayer publicamos en este espacio que Rocío Nahle pidió la cabeza de Ángel Alarcón y ahora resulta que lo quieren poner de magistrado.
Trascendió que un diferendo político motivó que el tema ya no fuera discutido por el Congreso de Veracruz, ya que la precandidata de Morena a la gubernatura, Rocío Nahle, busca que sean nombrados Humberto Oliverio Hernández Reducindo y Claudia Marlene Galán Espinoza…veremos de cuál cuero salen más correas y así vendrán más disputas por futuros nombramientos.
SE PRENDE LA BUROCRACIA…ayer por la mañana, empleados administrativos de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) de Veracruz llevaron a cabo una protesta dentro de las instalaciones de la dependencia reclamando la pérdida de prestaciones laborales…los trabajadores reclamaron que sin aviso, se desconoció un acuerdo sindical por el cual se les otorgaban los días lunes y viernes para reponer días pendientes de vacaciones.
De acuerdo con los responsables del área de Recursos Humanos, esto se encuentra establecido en las condiciones generales de trabajo firmadas ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, por lo que no se dará marcha atrás. Los burócratas increparon y acusaron de traición al secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, José Mayolo García Pérez, calificándolo de “vendido” por avalar la violación de sus derechos laborales mientras intentaba aplacar los ánimos.
Los empleados advirtieron que de no revertirse la medida, tomarán las instalaciones de Sefiplan y llamarán a votar en contra de los candidatos de Morena. En un desplegado dirigido a todos los burócratas estatales, sentenciaron que “hoy se descubrió que el líder sindical de los Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz firmó las nuevas condiciones de trabajo con disposiciones que afectan a la base trabajadora y que son un claro retroceso de todos los logros sindicales que él no promovió y que costó tanto trabajo conseguir”.
Entre lo que se modificó se incluye no poder disfrutar los días pendientes de vacaciones los días lunes y viernes, pese a que la mayoría cubren guardias obligados por sus superiores, no poder tomar las dos horas en días lunes y viernes; y reducir los días de vacaciones de 15 a 12 días.
LA GUERRA DEL AGUA…el ORFIS como órgano fiscalizador ganó la batalla jurídica al Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento luego de que el Primer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Séptimo Circuito, con residencia en Boca de Boca, resolvió que la auditoría practicada al concesionario del servicio de agua potable, ahora sólo en el puerto de Veracruz, es legal y constitucional.
El órgano jurisdiccional resolvió el juicio de amparo 692/2022 promovido por el Grupo MAS en contra de la auditoría practicada por el ORFIS por instrucción el Congreso del Estado. El concesionario argumentó la ilegalidad e inconstitucional de la auditoría, pues no ejerce recursos públicos.
En la sentencia se argumenta que el Grupo MAS recauda o cobra recursos públicos municipales, por lo que se considera un ente fiscalizable y no se advierte que opere recursos estrictamente particulares o privados. Sin embargo, con relación al exhorto del Congreso del Estado para realizar la auditoría, la justicia federal concluyó que no tiene consecuencias jurídicas sancionatorias, en tanto no se defina el ejercicio de rendición de cuentas que prevé el orden constitucional.
El diputado Fernando Arteaga no quita el dedo del renglón de tirar la concesión del Grupo Más por considerar que el organismo operador del agua no ha cumplido con sus obligaciones, ya que no ha puesto en marcha la infraestructura que se requiere y a la que se comprometió de acuerdo a los términos planteados en el correspondiente título de Concesión.
Todavía falta mucha tela de donde cortar en el pleito por la operación del agua y del lado de Morena, por lo menos lo van a mantener como bandera en estos días de campaña que vienen.