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    Maribel Ramírez Topete
    En el actual panorama político de Veracruz, las recientes acusaciones de persecución política dirigidas contra Miguel Ángel Yunes Márquez han encendido un debate sobre el uso y abuso del poder en el estado. Pepe Yunes, ex candidato a la gubernatura, ha denunciado públicamente las acciones de Rocío Nahle, señalando un grave atropello a los principios democráticos y constitucionales. Este incidente pone de manifiesto no solo las tensiones políticas locales, sino también los desafíos más amplios que enfrenta la democracia mexicana.

    El conflicto surge en un momento crítico para la política veracruzana. Miguel Ángel Yunes Márquez, Senador electo por Veracruz, reconocido por su desempeño como alcalde de Boca del Río, se encuentra bajo persecución política orquestada por Rocío Nahle, quien, ha declarado públicamente y ha instruido a la Fiscalía del Estado a fin de impedir su llegada al Senado. Pepe Yunes, en su defensa, ha destacado la integridad y el compromiso público de Yunes Márquez, argumentando que las acusaciones penales son infundadas y un claro abuso de poder.

    Un punto crucial en la argumentación es la diferencia entre obtener votos y ejercer poder. En una sociedad constituida, organizada política y jurídicamente, el poder deriva de la Constitución, no de la simple aclamación popular. Las elecciones otorgan a los ganadores el derecho a ocupar cargos, pero estos deben ser ejercidos dentro de los límites y alcances que la Constitución establece. La afirmación de Nahle de que los votos le han dado todo el poder revela una comprensión preocupantemente autocrática del mandato electoral.

    Es crucial que las autoridades centren sus esfuerzos en perseguir a los delincuentes que realmente amenazan la seguridad pública, en lugar de enfocarse en opositores políticos que no han cometido delitos. Esta priorización es esencial para restaurar la confianza en la justicia y el estado de derecho. El artículo enfatiza la importancia de defender la Constitución como el marco fundamental que regula el ejercicio del poder. En una república, el poder se distribuye entre diversos órganos del gobierno para garantizar un equilibrio y evitar la concentración de poder en manos de unos pocos. La pretensión de ejercer el poder de manera ilimitada y arbitraria es incompatible con los principios republicanos.

    La dependencia de programas sociales para asegurar el apoyo electoral, criticada por Yunes, cuestiona la legitimidad de los resultados electorales y la sostenibilidad de estas prácticas a largo plazo. Esta estrategia, que podría interpretarse como un chantaje a los votantes, debe ser revisada para garantizar una verdadera democracia. La retórica de respeto condicional («te respeto si me respetas») es problemática, ya que sugiere un respeto arbitrario y situacional. El verdadero respeto y la verdadera tolerancia deben ser incondicionales y basados en principios democráticos sólidos, no en la conveniencia política. El artículo también aborda la cuestión de la lealtad en la política, señalando la actitud de algunos partidarios que buscan beneficios personales a expensas de sus principios. Mantener la lealtad a los ideales y a la causa republicana es crucial para la integridad y coherencia de cualquier movimiento político.

    En el marco de esta situación tensa, es fundamental recordar que la verdadera misión de cualquier gobierno es servir a todos los ciudadanos, independientemente de sus afiliaciones políticas. Gobernar para todos implica construir puentes, fomentar el diálogo y buscar consensos que beneficien a la sociedad en su conjunto. La política de enfrentamiento y persecución solo lleva a una mayor polarización y conflicto. La construcción de paz requiere un compromiso genuino con el diálogo y la cooperación. Las diferencias políticas deben ser manejadas a través del debate constructivo y la búsqueda de soluciones compartidas, no mediante la criminalización y la persecución de opositores. Las instituciones democráticas deben ser espacios donde se refleje la diversidad de opiniones y se trabajen las diferencias de manera respetuosa y efectiva.

    Miguel Ángel Yunes Márquez, como senador electo, tiene una gran oportunidad para demostrar su capacidad de liderazgo y compromiso con los valores democráticos. Su experiencia como alcalde de Boca del Río, donde se destacó por su eficiencia y cercanía con la ciudadanía, es un precedente que augura un desempeño sobresaliente en el Senado. Yunes Márquez no solo tiene la posibilidad de representar dignamente a Veracruz, sino también de ser un contrapeso significativo en el Senado. Su principal reto será fomentar el diálogo y los consensos necesarios para avanzar en la construcción de una democracia sólida y funcional. Su labor será esencial para garantizar que las voces de todos los ciudadanos sean escuchadas y respetadas, promoviendo un gobierno inclusivo y equitativo.

    La situación en Veracruz es un microcosmos de los desafíos más amplios que enfrenta la democracia mexicana. La persecución política y el abuso de poder no solo afectan a los individuos directamente involucrados, sino que también minan la confianza pública en las instituciones y el proceso democrático. Defender la Constitución y garantizar que el poder se ejerza de manera limitada y equilibrada es esencial para preservar la democracia y el estado de derecho en México. Es vital que todos los actores políticos se comprometan con la construcción de paz y consensos, y que gobernar para todos se convierta en el principio rector de nuestra vida pública. Solo así podremos avanzar hacia una sociedad más justa, democrática y unida.