Sergio González Levet
Sin tacto
En este momento del proceso electoral, hay dos personas que tienen una posición crucial en Veracruz y que son ni menos que las garantes de la legalidad de la votación federal y estatal.
Me refiero a Eva Barrientos Zepeda, Magistrada Presidenta de la Sala Regional del Tribunal Electoral de la Federación, y a Tania Celina Vásquez Muñoz, Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz.
Resulta singular que en estas dos mujeres empoderadas confluyen varias similitudes, como el hecho de que ambas son nacidas en Xalapa, y que sus carreras se sostienen en sendos reconocimientos académicos, gracias a vidas nimbadas por el estudio, la preparación y la capacidad intelectual.
Tienen además cada cual una historia de preparación en la trinchera de los juzgados y las salas electorales, y la característica esencial de que han llegado a altos sitiales profesionales a través de exámenes de oposición o concursos abiertos que han ganado de manera irreprochable.
Por ejemplo, cuando fueron elegidas como consejeras del OPLE Veracruz en 2015, y en adelante en los importantes puestos que han ocupado hasta la fecha. O agregue usted su singular desempeño como docentes en instituciones de educación superior.
Eva Barrientos empezó su carrera en el Tribunal Electoral de Veracruz y ha impartido clases de licenciatura y posgrado en la Universidad Veracruzana, La Universidad de Xalapa y la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Tania Vásquez, por su parte, estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Veracruzana y actualmente ostenta el grado de doctora. Ha sido igualmente una destacada maestra en el ámbito del Derecho y tiene una larga experiencia en el trabajo de campo de las oficinas del Poder Judicial.
Pues bien, tanto Tania como Eva, por sus cargos actuales, son las juezas que participarán de manera importante y decisiva en los estudios y las sentencias que concluirán el proceso electoral estatal y el federal.
Lo que ellas diriman sobre las impugnaciones que se hayan presentado a las elecciones del 2 de junio, será prácticamente cosa juzgada, así que tienen una responsabilidad no sólo jurídica, sino histórica, puesto que pesa sobre ellas la difícil tarea de juzgar a conciencia y sin presiones lo que sucedió en los comicios pasados.
De su imparcialidad, de su profesionalismo, de su conciencia y su honestidad depende ni más ni menos que la certeza de la hoy cuestionada legalidad de la jornada electoral del primer domingo de junio.
En ellas están puestos los ojos de los ciudadanos veracruzanos. Si hacen bien su trabajo, serán reconocidas, y si no, se los demandará la historia.
No es poca cosa.
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