Roberto Morales Ayala
Una tragedia humanitaria que se perfila a ser de medidas desproporcionadas, por su invisibilidad y consecuente impunidad, es la desaparición de migrantes en territorio mexicano.
A pesar de su marcada presencia en el país, las personas migrantes son vulnerables e invisibles para la justicia. Su estatus de indocumentados los convierte en víctimas propicias de malos servidores públicos y de la delincuencia común y organizada.
Víctimas de delitos graves, principalmente secuestros y desapariciones, la travesía de los migrantes en su paso por territorio mexicano con la esperanza de cruzar a Estados Unidos está llena de experiencias trágicas, tristeza y dolor que solo las familias de las víctimas conocen.
Debido a su situación migratoria irregular, los migrantes no acuden a la autoridad y, por el contrario, se alejan de ella. La intención de cruzar a Estados Unidos los hace vulnerables a falsas promesas y ofertas de trabajo o de traslado hasta su destino; cuentan con muy pocos recursos económicos y muchos de ellos dependen de sus familiares para recibir dinero cuando llegan a una población.
Los migrantes son fácilmente detectados por quienes quieren abusar de ellos; además, desconocen que pueden acudir a la autoridad para denunciar abusos y delitos en su contra, o prefieren no hacerlo para no ser devueltos a su país.
Veracruz, el cuarto estado con mayor número de personas desaparecidas en México y el primer lugar en migrantes desaparecidos, se ha convertido en un sitio propicio para que las personas extranjeras sean víctimas del crimen.
A la inacción del sistema judicial frente a los delitos cometidos contra migrantes en Veracruz se suma el miedo de las víctimas, que optan por no denunciar los delitos de los cuales son objeto.
Desde 2016 hasta el periodo enero-mayo de 2024, un total de 6,260 migrantes han sido víctimas de delitos en territorio mexicano, según las cifras del Instituto Nacional de Migración (INM).
Asimismo, durante 2018, un total de 60 personas extranjeras en situación migratoria irregular manifestaron haber sido víctimas de delitos en territorio veracruzano. Sin embargo, desde 2019 hasta la fecha, el registro de casos denunciados por migrantes es igual a cero.
Llama la atención que la estadística oficial del INM solo recopila datos relativos a delitos de secuestro, trata de personas, robo, tráfico ilícito de migrantes, retención ilegal, secuestro de menores, y explotación sexual de menores y adultos, pero no incluye el delito de desaparición.
Paradójicamente, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB), con datos actualizados hasta el 21 de julio de 2024, reporta un total de 249 personas migrantes desaparecidas y no localizadas en el país.
Actualmente, Veracruz se posiciona como el estado más peligroso para migrantes en México, superando a Sonora, Coahuila, Chiapas, Tamaulipas, Quintana Roo y Ciudad de México, liderando la lista de desapariciones en su travesía hacia Estados Unidos. De acuerdo con las estadísticas de la CNB, 48 migrantes (35 hombres y 13 mujeres) que desaparecieron en la entidad aún no han sido localizados.
Los registros recopilados por autoridades federales y estatales reportan que la desaparición de 48 migrantes en Veracruz ocurrió en 16 municipios, entre los cuales destacan Xalapa, Veracruz, Tierra Blanca, Córdoba, Boca del Río, Coatzacoalcos, Naranjos-Amatlán, Acajete, Poza Rica, Acultzingo, Las Choapas, San Andrés Tuxtla, Orizaba, Acayucan, Jáltipan y Fortín.
Los migrantes desaparecidos en Veracruz son principalmente hondureños, seguidos de nicaragüenses, colombianos, venezolanos y guatemaltecos. También se han registrado casos de brasileños, ecuatorianos, salvadoreños, cubanos y españoles.
Las cifras oficiales difieren de los informes realizados por diversas organizaciones civiles, que hasta 2023 habían contabilizado más de 1,800 migrantes de 55 nacionalidades diferentes desaparecidos en México.
Las organizaciones han señalado que uno de cada cuatro migrantes desaparecidos en México son menores de edad.
Los datos oficiales sobre delitos perpetrados contra migrantes en Veracruz también contrastan con la realidad de un estado donde se han detectado más de 8,000 casos de migrantes indocumentados transportados de manera ilegal y en condiciones inhumanas dentro de tráileres o contenedores en los últimos ocho años.
Mientras tanto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha alertado sobre la tendencia creciente de secuestros de migrantes y su correspondiente desatención por parte de las autoridades responsables de prevenirlo e investigarlo.
La CNDH documentó que, entre septiembre de 2008 y febrero de 2009, Veracruz y Tabasco registraron las cifras más altas de migrantes secuestrados, con 2,944 y 2,378 casos respectivamente, lo que representó el 55 por ciento de los secuestros registrados en ese período.
El perfil de los secuestradores en la mayoría de los casos es de bandas organizadas, mientras que algunos casos implican a autoridades.
Por su parte, organizaciones de la sociedad civil han señalado a la CNDH por clasificar “erróneamente” los casos como secuestros, después de que el organismo reportó 70,000 migrantes víctimas de secuestro y trata entre 2011 y 2020.
Es importante recordar que en 2010, en San Fernando, Tamaulipas, se encontraron 72 cuerpos de migrantes con disparos, huellas de tortura y sin documentos de identificación. Cada año, miles de migrantes mueren o desaparecen al intentar el peligroso viaje hacia la frontera entre México y Estados Unidos.
Por ello, las organizaciones de la sociedad civil han exhortado a las autoridades federales y locales a implementar medidas de protección humanitaria que garanticen condiciones dignas y espacios adecuados para su alojamiento.
Aunque las autoridades del Gobierno de México han reconocido que la presencia de personas migrantes continuará debido a las condiciones estructurales que las obligan a abandonar sus países, no se vislumbra un freno a la serie de delitos y abusos de los cuales son víctimas en su paso por territorio nacional.
En ese contexto, es importante poner atención en la guerra que enfrentan los carteles de la delincuencia en Chiapas, Tabasco y Veracruz por tener el control, además del corredor del tráfico de drogas, del negocio multimillonario del tráfico y secuestro de migrantes.