Enrique Yasser Pompeyo
Mesa de Redacción
El vaciado de cuentas bancarias no cesa. Los fraudes siguen y nadie tiene seguro su dinero. Hoy, la sociedad se enfrenta a un enemigo mayor que es la ciberdelincuencia.
De acuerdo con datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), en 2023 se cometieron 8 millones 98 mil fraudes bancarios, lo que equivale a 924 fraudes por hora en el país.
Asimismo, más de 5 millones de estos fraudes están relacionados con el uso de la tecnología.
El asunto es que los bancos no quieren hacerse responsables del resguardo de los datos personales de los usuarios, a pesar de existir un contrato de depósito.
De ahí la urgencia de emprender acciones legales para que los bancos respondan por los robos de fondos directos a las cuentas.
Los fraudes provienen de estudios muy detallados de los datos y comportamiento financiero. Es una técnica que requiere del manejo de información privada que únicamente poseen los bancos y los usuarios.
Las propias instituciones financieras tienen conocimiento de ello y prefieren devolver el dinero robado en lugar de investigar hacia adentro de sus puertas y denunciar a los defraudadores.
Por poner un ejemplo. Una usuaria de nombre “Gabriela” recibió una llamada donde le pedían realizar movimientos en su aplicación con la finalidad de cobrar puntos de bonificaciones, al confirmar mediante una llamada duplicada que se trataba de personal de BBVA realizó varios movimientos que terminaron por sustraer 20 mil pesos de sus cuentas.
Estos fraudes ocurren todos los días, 15 personas son defraudadas cada minuto en nuestro país y nadie actúa contra los bancos.
De manera que se debe exigir a la CONDUSEF que una vez probada y admitida la responsabilidad del banco, se tomen las medidas para sancionar estos hechos y dejar un precedente para todas aquellas personas que son víctimas de estos grupos organizados de delincuentes.
En el caso de “Gabriela”, BBVA no pudo responder a la exigencia de que comprobara que ella retiró voluntariamente ese dinero de sus cuentas y, al contrario, admitió la responsabilidad y reembolsó el dinero que le fue sustraído, pidiendo a cambio que se dieran por resueltas las demandas que le hicieron.
Hay que destacar que, en un primer acercamiento, el banco se negó a devolver el dinero argumentando que “Gabriela” usó sus contraseñas para hacer esos movimientos y la respuesta fue que no procedía. Cuando se inició el trámite vía CONDUSEF, el banco se sostuvo en su postura, pero al solicitar un informe detallado, prefirieron admitir la culpa y regresar el dinero.
De lo que se trata es que los usuarios no desistan de esas reclamaciones, pues si bien la burocracia favorece a los estafadores al retardar trámites que deberían ser más ágiles, las denuncias ante CONDUSEF son importantes para cualquier proceso legal.
Los bancos están obligados a cuidar el dinero de los usuarios y su información, de manera que nadie debe conocer la terminación de las tarjetas, los hábitos financieros ni los nombres o números telefónicos.
La responsabilidad de cuidar la información de los usuarios es compartida con las instituciones financieras a las que se les confía dinero y están obligadas a responder por los depósitos abonados en las cuentas.
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