Roberto Morales Ayala
Ellos y ellas han sido adoptados por el dolor y el abandono, deambulan en la incertidumbre, los más en la miseria, porque el gobierno y, en una gran mayoría, la sociedad y sus familias, prefieren ignorarlos; son un grupo vulnerable que ha permanecido invisibilizado: los huérfanos por feminicidio.
En Veracruz, uno de los estados más golpeados por esta violencia, estos menores no solo enfrentan la brutal pérdida de sus madres, sino también la incertidumbre sobre quién se hará cargo de ellos y cómo podrán rehacer sus vidas. A pesar de los avances en la visibilización de este delito, la falta de un registro adecuado y de mecanismos de atención sigue siendo una omisión alarmante.
Desde 2018 hasta julio de 2024, las autoridades han reconocido 541 víctimas de feminicidio en Veracruz. Sin embargo, lo que no se sabe es cuántos menores han quedado en condición de orfandad debido a estos crímenes. Esta falta de datos refleja no solo una indiferencia institucional, sino una falla estructural en la protección de los derechos de estos niños y adolescentes. Son víctimas indirectas, pero su vulnerabilidad es tan real como la de las mujeres asesinadas.
El Protocolo Nacional de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en Condición de Orfandad por Feminicidio, publicado en agosto de 2021, fue un paso fundamental para garantizar la atención y protección de estos menores. Pero en Veracruz, a tres años de su publicación, su implementación sigue sin materializarse.
A pesar de que el protocolo establece la obligación de las autoridades de notificar a la Procuraduría Estatal de Protección sobre la presencia de menores en esta situación, los avances son mínimos. Los registros actualizados brillan por su ausencia, lo que agrava la incertidumbre de estos menores.
Un informe de transparencia del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) del 5 de julio de 2023 señaló la falta de un registro consistente en las fiscalías, lo que complica aún más la identificación de los hijos e hijas de las víctimas de feminicidio. Aunque a nivel estatal, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEEAIV) reporta 25 menores en condición de orfandad por feminicidio entre 2019 y agosto de 2024, las cifras siguen sin ser representativas de la magnitud del problema.
Los datos más recientes de 2021 revelaron que, en todo México, 859 menores quedaron huérfanos por feminicidio, de los cuales solo 47 fueron identificados en Veracruz. Esta discrepancia en los números refleja la falta de un sistema eficiente de recolección de información y de coordinación entre las instituciones responsables.
El panorama es desolador. Los niños y adolescentes que han perdido a sus madres por feminicidio no solo cargan con el trauma de la violencia, sino que enfrentan la incertidumbre de un futuro donde no está claro quién cuidará de ellos, dónde vivirán o cómo se garantizarán sus derechos fundamentales, como la educación y el desarrollo integral.
El feminicidio no solo se lleva la vida de las mujeres; deja tras de sí una estela de tragedia que afecta a familias enteras, especialmente a los hijos e hijas. Ellos representan una deuda social que sigue sin saldarse. La falta de políticas públicas efectivas y mecanismos de protección adecuados para estos menores no es solo un problema de omisión burocrática, sino una violación a sus derechos más básicos.
Es imperativo que el gobierno de Veracruz y las instituciones responsables tomen medidas urgentes para implementar el protocolo nacional y crear un registro adecuado de menores en condición de orfandad por feminicidio. La atención integral a estas víctimas indirectas no puede seguir siendo pospuesta.
Al igual que la lucha por erradicar el feminicidio, garantizar un futuro digno para los huérfanos de esta violencia debe ser una prioridad en la agenda pública. Como sociedad no podemos permitir que el silencio y la indiferencia sigan sepultando las vidas de quienes ya han perdido tanto.