Enrique Yasser Pompeyo
Mesa de Redacción
Más allá de las cifras, de los números de feminicidios, está el dolor de las familias, de la sociedad veracruzana.
Los crímenes contra niñas, adolescentes y mujeres continúan, pero a las autoridades estatales parece no importarles y se salen con el discurso fácil, con el discurso retórico.
Hace apenas un día, tras el Grito de Independencia en Minatitlán, una mujer fue asesinada y hallada en la calle. También ha generado consternación el crimen de una menor en el municipio de Orizaba.
Llama la atención que pese a la escalada de violencia, inseguridad y de feminicidios en el territorio estatal, la actitud de los funcionarios sea de indolencia, de falta de empatía.
Para el secretario de Gobierno, Carlos Alberto Juárez Gil, solo se trata de una incidencia delictiva de todos los días, mientras que la encargada de despacho del Instituto Veracruzano de las Mujeres, Rocío Villafuerte Martínez admite que no ha sido fácil para los gobiernos federal y estatal proteger a las mujeres.
Tras seis años, la administración estatal que está a punto de fenecer no quiso, no pudo o no le interesó darle prioridad a la vida de las veracruzanas.
Las autoridades se pasaron seis años con el discurso de que las niñas y las mujeres no se tocan, que no habría impunidad para quienes atentaran contra la vida y la integridad de ellas.
Hoy, decenas o cientos de familias sufren la muerte de una madre, de una hija, de una sobrina, de una hermana, porque las autoridades estaban más preocupadas e interesadas en atender otros temas.
En ese contexto, también hay una indignación generalizada en el estado de Veracruz por los asesinatos de niñas y de niños sin posibilidad alguna de poder defenderse de sus agresores, de sus victimarios.
El gobierno que se va le quedó a deber a las familias veracruzanas; además de mostrar desinterés, siempre hubo cerrazón para permitir el diálogo directo con todas las familias afectadas.
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