Roberto Morales Ayala
El caso Peje-Yunes es el más claro ejemplo de la manera en que la radicalización de las posturas políticas es una mera simulación que engaña y enfrenta a la sociedad, mientras que los principales protagonistas terminan convirtiéndolo en un jugoso y perverso negocio que los alimenta de poder e impunidad.
En Veracruz estamos en vísperas del arranque delos procesos electorales municipales para el cambio de los gobiernos locales, situación que por su propia naturaleza suele elevar las pasiones y provocar enfrentamientos, por ello vale la pena analizar y reflexionar sobre la experiencia recién vivida.
En los últimos años, México ha sido testigo de un preocupante incremento en la violencia política, un fenómeno que ha afectado gravemente el proceso democrático y ha sumido a varias regiones del país en un entorno de temor e incertidumbre.
El caso de Veracruz es especialmente relevante, ya que, desde 2018, esta entidad ha sido escenario de numerosos actos violentos dirigidos a políticos, funcionarios y candidatos, con un saldo de 180 víctimas hasta septiembre de 2024. Esto representa el 8.92 por ciento de las víctimas de violencia política a nivel nacional, ubicando al estado entre los más afectados, junto a Guerrero y Oaxaca.
El aumento de la violencia política no es un fenómeno aislado. Coincide con la creciente polarización que ha fracturado el panorama político mexicano. Desde la elección presidencial de 2018, caracterizada por la violencia extrema con 167 incidentes registrados, la tensión entre ideologías políticas ha crecido significativamente.
Las cifras no mienten: México es uno de los países más peligrosos para quienes participan en la vida pública, y la violencia ha sido utilizada como herramienta de control e intimidación por grupos delictivos organizados.
De 2018 a 2024, se han documentado más de 2,100 casos de amenazas, ataques armados, secuestros y desapariciones en contra de actores políticos en todo el país. Veracruz no es la excepción. Estos hechos han marcado no solo el desarrollo de procesos electorales, sino también el día a día de las administraciones locales, minando la confianza en las instituciones y debilitando la cohesión social.
El Índice de Paz en México 2024 coloca a Veracruz en el puesto 11 en cuanto a nivel de paz, pero este dato se ve ensombrecido por los pobres resultados en el Índice de Paz Positiva, que evalúa factores como la aceptación de los derechos, la equidad en la distribución de recursos y el funcionamiento gubernamental. Veracruz ocupa el lugar 23 en esta métrica, por debajo del promedio nacional, lo que refleja las carencias en aspectos fundamentales para lograr una paz duradera.
La polarización ha sido clave en este proceso de descomposición política. A lo largo de las dos últimas décadas, la brecha entre ciudadanos de izquierda y derecha en cuanto a la aprobación del gobierno federal ha crecido exponencialmente, pasando de 21 puntos en 2002 a 83 en 2020.
Esta división, alimentada por ciclos electorales conflictivos y una creciente rivalidad entre medios de comunicación y autoridades, ha debilitado la capacidad de los actores políticos para llegar a acuerdos. La diversidad de opiniones, que en otros momentos podría haber sido un pilar de la democracia, ahora es un obstáculo para la construcción de consensos.
Las investigaciones demuestran que los estados más polarizados tienden a sufrir más violencia. Los grupos delictivos aprovechan las divisiones entre los gobiernos locales, estatales y federales para aumentar su influencia, lo que se traduce en una mayor inseguridad.
Veracruz es un ejemplo claro de esta dinámica: las instituciones políticas y de seguridad se ven debilitadas por la falta de cooperación entre partidos, y la violencia criminal prolifera en este ambiente de inestabilidad.
Recientemente, la visita del ex presidente Andrés Manuel López Obrador a Veracruz fue un reflejo palpable de este contexto. La confrontación entre el ex mandatario y trabajadores del Poder Judicial, lejos de ser un incidente aislado, ejemplifica cómo la polarización ha permeado todos los niveles de la sociedad.
En lugar de calmar las aguas, la respuesta del gobernador Cuitláhuac García, defendiendo la libertad de expresión mientras criticaba la difusión de «información falsa» en los medios, alimentó aún más la tensión política.
Este tipo de respuestas políticas, lejos de buscar soluciones a la polarización y la violencia, tienden a exacerbar el problema. Las crecientes divisiones entre la ciudadanía y sus gobernantes minan cualquier posibilidad de reconciliación y fortalecen la percepción de que el diálogo es imposible.
En contraste, en Yucatán, que se ha mantenido como el estado más pacífico de México, demuestra que la cohesión social y la cooperación entre las instituciones pueden ser factores determinantes para contener la violencia. Las lecciones de este estado subrayan la importancia de un liderazgo continuo y colaborativo, algo que en Veracruz parece cada vez más lejano.
El camino hacia la paz en Veracruz y en México en general requiere no solo enfrentar la violencia política con firmeza, sino también sanar las profundas divisiones que polarizan al país.
La clave está en reconstruir la confianza en las instituciones y fomentar una cultura de diálogo y cooperación que trascienda los intereses partidistas. Sin esta cohesión, la violencia seguirá siendo un obstáculo insuperable para la estabilidad y el desarrollo.