Miguel Valera
Contraseñas
El licenciado en Instrumentación Electrónica, Jesús Guillermo Arévalo Owseykoff, director del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) en Veracruz, enfrenta serios problemas en la recta final de su administración.
El hombre que se inició como Operador de Control Maestro en aquella famosa televisora veracruzana, Veravisión de Oriente, tendrá que solventar las observaciones ante la Contraloría General del Estado, el Órgano de Fiscalización Superior o en su caso, ante la Fiscalía Anticorrupción.
Cualquier funcionario público pasa por este triple tamiz. Si las faltas administrativas son calificadas como “no graves”, tienen que solventarlas ante la Contraloría General del Estado. Las irregularidades que generen un “daño patrimonial” deben ser investigadas por el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) y al ser demostradas, el funcionario público, dependiendo de la gravedad del daño causado, puede ser inhabilitado de 1 a 10 años.
La última instancia en estos procesos legales-administrativos es la Fiscalía General del Estado de Veracruz, la cual investiga a través de la Fiscalía Anticorrupción, con la debida sentencia.
Jesús Guillermo Arévalo Owseykoff se confío en la protección de su padrino político, el malogrado subsecretario de educación Media Superior y Superior, Jorge Miguel Uscanga Villalba. En la pasada campaña política jugó con melón y con sandía y por eso, a pesar de su posición, participó en actos políticos del candidato a la gubernatura José Francisco Yunes Zorrilla.
Desde antes, mantenía una alianza con el boqueño Felipe Sosa Mora quien lo acercó con la entonces candidata al Senado de la República, Claudia Tello Espinosa, próxima secretaria de Educación en Veracruz.
La alianza venía de atrás tiempo y por eso tenía protegida a su esposa, la señora Jennifer Guadalupe Castro Campillo, quien al final tuvo que salir del CONALEP por irregularidades administrativas. Algunos hablan de un “distanciamiento estratégico”, porque la alianza sigue.
Por ahora, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado le ha pedido que solvente 9 millones 755 mil 682.31 pesos del ejercicio fiscal 2022 y 8 millones 072 mil 248.76 del ejercicio 2023. Sabemos que del ejercicio fiscal 2024, el cual empiezan a auditar en abril de 2025, el CONALEP tendrá un daño patrimonial de más de 10 millones de pesos. ¿Ahí estuvo también involucrado Felipe Sosa Mora?
Pero vayamos a las observaciones del ORFIS:
“Una vez concluido el Procedimiento de Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del ejercicio 2022 y los plazos legales para la solventación de los resultados notificados en el Pliego de Observaciones, el ORFIS dictamina que derivado del análisis efectuado a las aclaraciones y documentación justificatoria y comprobatoria presentadas, éstas no fueron suficientes para solventar las observaciones que hacen presumir la comisión de faltas administrativas y/o la presunta existencia de un daño patrimonial a la Hacienda Pública, respecto de la gestión financiera del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz, que a continuación se señalan”, indica el dictamen.
Las observaciones “hacen presumir la existencia de un daño patrimonial a la Hacienda Pública” en los conceptos FP-036/2022/005 DAÑ por $7,181,646.95 y FP-036/2022/016 DAÑ por 2,574,035.36, dando un total de $9,755,682.31.
En el caso de los siete millones, indica el documento, “debió reconocerse en el rubro de ‘Cuentas por Pagar a Corto Plazo’ cuenta contable ‘Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo’”, lo que generó el pasivo.
“Cabe precisar que aun cuando en la etapa de solventación del Pliego de Observaciones presentaron aclaraciones y documentos, éstas no fueron suficientes para desvirtuar el presente señalamiento”, indica el documento, destacando el daño patrimonial causado a la institución. Si se hubiera atendido a tiempo estos intereses no se hubieran generado.
La otra observación de ese año fue por $2,574,035.36, los cuales no fueron solventados por Verónica Aguilar Andrade, una “contratista preferida” de Jesús Guillermo Arévalo Owseykoff. La proveedora, en otras palabras, no pudo presentar la documentación que justificara el gasto y sin la autorización de Finanzas no se debió haber hecho este pago.
“Cabe mencionar que de acuerdo con el contrato número DGV/AD/007/2022, la adquisición de material de limpieza fue formalizada mediante el procedimiento de adjudicación directa, sin embargo, no presentó evidencia del Dictamen de Procedencia fundado y motivado con autorización del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Colegio o análogo, mediante el cual se autorice la excepción del procedimiento de adjudicación como lo prevé la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave”, se expone.
Luego de toda la investigación, el hallazgo final determinó un “PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL de $2,574,035.36 (Dos millones quinientos setenta y cuatro mil treinta y cinco pesos 36/100 M.N.)”.
Por otro lado, las observaciones en la Cuenta Pública 2023 son por $8,072,248.76. Ahí se observó, dijo el ORFIS, un “presunto daño patrimonial”.
Derivado de la revisión de los Estados Financieros del Colegio, se detectó que registró en “Cuentas de Orden Contables” conceptos por Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal (ISERTP), presentando un saldo al 31 de diciembre de 2023 por $41,010,036.76, sin embargo, de acuerdo con la definición de Pasivo establecida en el Plan de Cuentas emitido por el Consejo Nacional de
“Armonización Contable (CONAC), se acredita una obligación presente del Colegio, virtualmente ineludible, identificada, cuantificada en términos monetarios y que representa una disminución futura de beneficios económicos, derivada de operaciones ocurridas en el pasado que han afectado económicamente al Colegio, por ende, debió reconocerse en el rubro de “Cuentas por Pagar a Corto Plazo”, por lo que podría generarse un pasivo contingente como resultado del fincamiento de créditos fiscales con actualizaciones, recargos y/o multas por parte de la autoridad correspondiente”.
El monto aquí anotado es el importe generado en el ejercicio 2023. Los recursos sí llegaron, llegaron etiquetados para los pagos de los debidos impuestos, pero la institución no los aplicó debidamente. Se trata de los siguientes impuestos: 3% Impuesto Sobre Nómina Enero, 15% Fomento a la Educación Enero, 3% Impuesto Sobre Nómina Febrero 2023, 15% Impuesto Fomento a la Educación Febrero 2023, Pago Pendiente 3% Sobre Nómina Estatal Enero, Pago Pendiente 15% Fomento a la Educ. Estatal Enero, Pago Pendiente 3% Impuesto Sobre Nómina Estatal Febrero, Pago Pendiente 15% Fomento a la Educ. Estatal Febrero, 15% Impuesto Fomento a la Educación Marzo, 3% Impuesto Sobre Nómina Marzo, 3% Impuesto Sobre Nómina Estatal del Mes de Marzo, entre otros, que dan la cantidad aquí citada de $8,072,248.76.
El análisis completo y detallado se puede observar en la plataforma del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz. El hallazgo final, como lo señala el ente fiscalizador que preside la maestra Delia González Cobos, auditora del estado, es la observación de un “presunto daño patrimonial” que Jesús Guillermo Arévalo Owseykoff debe atender, porque como dijeran los clásicos, en la vida pública como en la vida privada, la omisión también es un pecado y en el caso de la función pública, un delito que debe ser castigado.
@MValeraH