Enrique Yasser Pompeyo
Mesa de Redacción
Con la entrega de certificados parcelarios, títulos de propiedad, listas de sucesión de derechos agrarios, entre otros documentos, el Registro Agrario Nacional (RAN) da certeza jurídica y poder sobre las posesiones parcelarias y urbanas a las familias veracruzanas.
Son acciones que alientan y estimulan para marcar la diferencia en el quehacer del campo veracruzano.
En ese contexto, el Comité del Plan de Justicia de los Pueblos Afectados de la Presa de Temascal y Cerro de Oro del Reacomodo Veracruzano manifiesta su reconocimiento y respaldo a la dependencia federal por los avances logrados.
Asimismo, se reconoce la política de un RAN cercano a la gente, con cero corrupción, venga de donde venga, como el reciente hecho en el que la dependencia puso a disposición de la autoridad competente a un presunto abogado y/o supuesto gestor, quienes lucran con el problema del agro en perjuicio de los campesinos.
Con este tipo de acciones, el Registro Agrario Nacional refuerza el compromiso de la institución con el sector, pero, al mismo tiempo, otorga mayores potestades y fortaleza a los ejidos y comunidades, particularmente a los pueblos originarios y afromexicanos, sin dejar de lado los temas agrarios pendientes con el RAN y las demás instituciones del sector agrario.
Como se sabe, los pueblos originarios son sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
Por ello, el Comité del Plan de Justicia de los Pueblos Afectados de la Presa de Temascal y Cerro de Oro del Reacomodo Veracruzano considera necesario coordinar esfuerzos para que el sector agrario coadyuve con asesorías para las adecuaciones y modificaciones necesarias de las normas internas de las comunidades y ejidos con base en las reformas constitucionales recientes en materia indígena.
También llama a coordinar esfuerzos para avanzar con la agenda agraria pendiente con los pueblos originarios mazatecos y chinantecos afectados por la Presa Cerro de Oro y Temascal reacomodados en el Estado de Veracruz.
De manera que dicho comité estará atento a la voluntad y sensibilidad política para llevar a cabo las acciones necesarias de las instituciones del sector agrario, en consonancia a las reformas indígenas y también en respuesta a los planteamientos del Comité del Plan de Justicia.
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