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La transparencia en la obra pública es fundamental para garantizar que los recursos públicos se gestionen de manera eficiente y en beneficio de la sociedad. Una ley de obra pública bien estructurada puede reducir la corrupción y mejorar la calidad de la infraestructura, asegurando el uso óptimo de los recursos destinados a estos proyectos.
El Diputado Adrián Ávila, de Movimiento Ciudadano, ha expresado su posición por las recientes modificaciones a la normativa de licitación pública, las cuales considera que comprometen la transparencia y la competencia.
Sobre la nueva normativa, expresó que presenta varios vacíos preocupantes, ya que permite la cancelación del registro de contratistas en el catálogo, no especifica el periodo que abarcará el procedimiento de licitación.
También elimina la posibilidad de adjudicar contratos a través de un nuevo proceso de licitación, en caso de que una licitación sea declarada desierta, y elimina la opción de adjudicar contratos al participante con la siguiente proposición solvente más conveniente, cuando el ganador original no firma el contrato por causas imputables a él. Además, no se establecen penas convencionales para los contratistas que se retrasen la ejecución de los trabajos.
El diputado señaló que «cuando este Pleno aprobó el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2025, vimos con beneplácito que la Secretaría de Infraestructura y Obras Pública fuera la única dependencia que se encargará de la planeación, proyección, ejecución y realización de la obra pública que se realizará por parte de la Administración Pública Estatal»; y reiteró que en su momento él señaló, que ahora le toca al Congreso del Estado armonizar el marco normativo legal que le de facultades a la SIOP para llevar a cabo toda la obra pública estatal. Esta nueva ley, que hoy se está sometiendo, obedece a esa petición», afirmó.