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Diversas irregularidades han sido señaladas en los procesos de licitación llevados a cabo por el Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLEV), en los cuales se acusa directamente a la subdirectora de Recursos Materiales, Amara Anaya García, de presuntas violaciones a la ley en perjuicio de los participantes.
Desde diciembre de 2024, el OPLEV inició una serie de licitaciones relacionadas con el programa de Monitoreo de Medios, el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y la adquisición de documentación y material electoral. En el caso del monitoreo de medios, la adjudicación directa realizada por el comité encabezado por Anaya García generó controversia, ya que se invitó a participar a tres empresas, de las cuales solo una tenía experiencia en el ramo.
Entre las empresas excluidas se encuentra Análisis y Control de Medios, que había prestado el servicio al OPLEV en cuatro ocasiones previas y contaba con experiencia en otros estados. Esta decisión generó cuestionamientos sobre la transparencia del proceso y presuntas irregularidades en la selección de los proveedores.
Adicionalmente, se ha señalado que la consejera presidenta del OPLEV, Marisol A. Delgadillo Morales, habría intervenido para favorecer a la empresa Akei Digital,
En la Licitación Pública Nacional LPN/OPLEV-21114001002-001/2025, correspondiente al Programa de Resultados Electorales Preliminares, se acusa a Amara Anaya García de permitir que la empresa Podernet S.A. presentara una propuesta económica por 49 millones de pesos, a pesar de que no cumplía con las bases establecidas en la convocatoria.
De acuerdo con los lineamientos de la licitación, las empresas participantes debían demostrar experiencia en procesos electorales ordinarios mediante la presentación de al menos cinco contratos previos. Sin embargo, Anaya García aceptó contratos extraordinarios como prueba de experiencia, en contra de lo estipulado en la normativa.
Ante estas irregularidades, la empresa adjudicada en el proceso envió un oficio a los integrantes del Consejo General y a la Contraloría del OPLEV, solicitando su intervención y señalando posibles violaciones a la Ley de Responsabilidades Administrativas.
Otra licitación bajo escrutinio es la LPN/OPLEV-21114001002-002/2025, relacionada con la adquisición de documentación y material electoral. En este proceso, Amara Anaya García es acusada de impedir la participación del representante legal de la empresa Gráficos Corona S.A., quien presentó una impugnación argumentando que la funcionaria le negó arbitrariamente el derecho a participar en la junta de aclaraciones y, en consecuencia, en el resto del proceso licitatorio.
El representante legal de la empresa señaló que esta decisión fue tomada de manera unilateral por Anaya García, sin sustento legal ni el consenso del comité de licitación.
Llamados a una investigación y posible encubrimiento
Ante estos señalamientos, se cuestiona el papel de la consejera presidenta del OPLEV, Marisol Delgadillo, quien mantiene a Amara Anaya García en su cargo a pesar de las múltiples denuncias.
Además, trascendió que funcionarios del OPLEV han realizado llamadas a la empresa Proisi, instándola a retirar el oficio en el que denuncia las irregularidades cometidas en el proceso de licitación.
Estos hechos han generado inquietud sobre posibles actos de corrupción y tráfico de influencias dentro del organismo electoral, lo que ha llevado a sectores políticos y ciudadanos a exigir una investigación exhaustiva y sanciones para los responsables.
Nunca antes el OPLEV había enfrentado tantas quejas por sus procesos de licitación y adjudicación. Al parecer, la marca que pretende dejar Delgadillo Morales no es la de la transparencia, sino la del descrédito de la institución.