A cinco años de la aprobación del paquete de ocho leyes federales contra la violencia política en razón de género, el Capítulo Veracruz de la Red Nacional de Mujeres Defensoras de la Paridad en Todo, alertan sobre un preocupante fenómeno: estos mecanismos están siendo utilizados no solo para proteger a víctimas, sino también como herramientas de censura desde el poder.
El marco legal surgió como respuesta a la reforma constitucional de 2014 que estableció la paridad de género en cargos públicos. Sin embargo, como era previsible, el avance en derechos vino acompañado de resistencias y un aumento en la violencia política contra las mujeres.
Desde 2020, Veracruz ha vivido dos procesos electorales federales y dos locales, sin lograr armonizar completamente estas leyes a nivel estatal. Esto ha generado vacíos legales que dificultan el acceso a la justicia para las mujeres, especialmente en espacios intrapartidarios donde denunciar sigue siendo riesgoso para sus carreras políticas.
El Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política ubica a Veracruz en segundo lugar nacional, con 55 personas inscritas. A pesar de la existencia de defensorías y mecanismos jurídicos, las víctimas enfrentan un proceso complicado, lleno de obstáculos para obtener justicia.
El Capítulo Veracruz de la Red Nacional de Mujeres Defensoras de la Paridad en Todo reconoce avances, pero también identifica nuevos retos. El uso creciente de redes sociales ha multiplicado las expresiones de violencia política, y aunque se han hecho esfuerzos para promover una comunicación no sexista, la batalla está lejos de ganarse.
Lo alarmante, señalan, es que ahora algunas figuras de poder están usando este marco legal para acallar voces críticas. Ejemplos en distintos estados, como Campeche, Puebla, Sonora y Tamaulipas, muestran que quienes ocupan cargos públicos recurren a estas leyes para silenciar a periodistas y detractores incómodos, desvirtuando su propósito original.
En Veracruz no se está exento de este fenómeno: periodistas locales como Elfego Riveros, Ángel Camarillo e Isabel Ortega han sido obligados a bajar publicaciones, ofrecer disculpas públicas e incluso enfrentar multas por ejercer su labor informativa.
La Red enfatiza que no es lo mismo denunciar violencia política desde una posición de vulnerabilidad que hacerlo desde el poder, con todos los recursos estatales a disposición. Usar leyes pensadas para proteger a víctimas como armas de censura solo perpetúa la desigualdad y mina las libertades democráticas.
El llamado final es claro: no se debe permitir que instrumentos legales nobles sean utilizados de manera frívola e inadecuada. Avanzar en derechos significa también garantizar las libertades fundamentales, incluida la libertad de expresión.