Maribel Ramírez Topete
A unos días del regreso a clases, cuando millones de familias mexicanas se esfuerzan por cubrir la lista de útiles, uniformes y mochilas, el gobierno federal ha tomado una decisión que encarecerá todavía más esta temporada. Se trata del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación que prohíbe la importación temporal de calzado terminado, con el argumento de proteger la industria nacional.
En el discurso suena bien: “defender lo nuestro”. Pero en la práctica, esta medida tendrá consecuencias inmediatas y negativas para los consumidores, particularmente para los hogares con ingresos limitados. Y es que, en plena cuesta escolar, el gobierno opta por cerrar el mercado y eliminar la competencia, lo que inevitablemente derivará en precios más altos para el calzado escolar.
Un regreso a clases que ya es un lujo
De acuerdo con datos de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), el gasto promedio por estudiante para el regreso a clases 2025 asciende a 10 916 pesos, un incremento del 12.66 % respecto al año pasado. Solo en uniformes y calzado, el desembolso puede alcanzar hasta 4 400 pesos. El par de zapatos escolares cuesta actualmente entre $800 y $1 000, y con esta prohibición podría aumentar un 10 % o más.
Para una familia con dos hijos, ese incremento representa cientos de pesos adicionales que deben salir de un presupuesto ya agotado. ¿Cuál será la consecuencia? Endeudamiento en tarjetas de crédito, reducción de otros gastos esenciales o, en el peor de los casos, sacrificar calidad en productos que son indispensables para la salud y seguridad de los niños.
Es una medida que alimenta la inflación,
más allá del golpe directo a las familias, este decreto envía un mensaje preocupante: México recurre al proteccionismo en lugar de apostar por la competitividad. Limitar las importaciones no convierte mágicamente a la industria nacional en una potencia; solo la hace depender de barreras artificiales mientras los consumidores pagan el precio.
El gobierno presume esta medida como una defensa del empleo, pero la realidad es que beneficiará a unos cuantos fabricantes, no a las familias mexicanas. Además, puede abrir la puerta a una espiral inflacionaria innecesaria en un sector básico como el textil-calzado, arrastrando otros rubros del consumo familiar.
Mientras se habla de “apoyar la economía popular”, se imponen políticas que golpean de frente a la clase trabajadora. Si el objetivo era fortalecer la industria, la estrategia debería ser otra: incentivos fiscales, inversión en tecnología, programas de modernización y exportación. Pero el camino fácil: cerrar la frontera, termina siendo el más costoso para quienes menos tienen.
Proteger lo nuestro no debería significar aislar al país ni castigar al consumidor. Al contrario, debería impulsarnos a competir por calidad, diseño e innovación. En este regreso a clases, el gobierno le está entregando a las familias mexicanas una factura más alta, sin garantizar un verdadero beneficio para el país.
No es una política industrial seria, sino un parche proteccionista que hará más caro lo esencial. Una decisión que, lejos de aliviar la economía familiar, la hunde en un momento crítico.