Jorge Viveros Pasquel
Durante años se ha sostenido en el discurso público que las fuerzas armadas representan el último bastión de honestidad frente a la corrupción que aqueja a buena parte de la vida política mexicana. El uniforme ha sido presentado como sinónimo de disciplina, lealtad y honor, en contraste con la figura del funcionario civil, a menudo percibido como un actor vulnerable a los sobornos, a las redes clientelares o al tráfico de influencias. Sin embargo, la realidad reciente demuestra que esta narrativa es más mito que verdad: ni el Ejército, ni la Marina, ni la Guardia Nacional son inmunes a los incentivos de la corrupción.
El caso del “huachicol fiscal” es un ejemplo revelador. En esta trama, mandos y personal castrense y civil participaron en esquemas fraudulentos que manipularon facturas, permisos y registros de combustible, operando de la mano de intereses privados y funcionarios de otras áreas. La gravedad no está solo en el robo de recursos, sino en que la corrupción penetró un sector históricamente blindado frente a la crítica pública. Lo que era impensable, marinos involucrados en prácticas ilegales de carácter económico, resultó una realidad documentada.
Este episodio confirma algo fundamental; las fuerzas armadas son tan propensas a la corrupción como los civiles. El uniforme no inmuniza frente a la ambición ni garantiza rectitud ética. La disciplina castrense puede reducir ciertas desviaciones, pero sin mecanismos externos de rendición de cuentas, sin contrapesos institucionales y sin transparencia, el riesgo de corrupción permanece.
En este contexto, cobra especial relevancia la decisión de la presidenta de colocar como su hombre de confianza en materia de seguridad a un civil: Omar García Harfuch. Su perfil, con trayectoria policial y experiencia en inteligencia, rompe con la idea de que la seguridad solo puede estar en manos de miembros de las fuerzas armadas, y con esto se reconoce que la conducción estratégica de la seguridad requiere capacidades técnicas, conocimiento de las dinámicas criminales urbanas y una visión civilista y de proximidad social que equilibre el uso de la fuerza con el respeto a los derechos de la ciudadanía.
El mensaje político es claro: no se trata de sustituir a civiles por militares (o viceversa), tampoco de asumir que uno u otro sector es intrínsecamente corrupto o incorrupto. Se trata de diseñar instituciones donde prevalezcan los resultados, la experiencia, el respeto, la transparencia, los controles democráticos y la rendición de cuentas. La seguridad no debe descansar en mitos ni en lealtades personales, sino en un marco institucional donde lo único que importe sea el bien común. El verdadero blindaje contra la corrupción, tanto en civiles como en militares, se construye con instituciones abiertas, fiscalizadas y al servicio de la sociedad.