Fanny Yépez
La Columna
Aunque no se cuenta una cifra específica sobre cuantos buques tanques arriban mensualmente a la zona portuaria, se tiene conocimiento que anualmente el Puerto de Veracruz opera un promedio de 1,700 buques con importantes líneas navieras, enlazando a nuestro estado con los principales puertos de Europa, Estados Unidos, América Latina y Asia, a través del Canal de Panamá.
Esto viene al caso porque según investigaciones realizadas por la Fiscalía General de la República, son al menos ocho los puertos del país donde las redes de huachicoleros mantenían control para permitir el contrabando de combustible.
Los puertos que se mencionan en los expedientes de vinculación a proceso de distintos detenidos en la red de huachicol fiscal, se extendería a siete puertos y 555 empresas: en Veracruz, Guaymas, Ensenada, Lázaro Cárdenas, La Paz, Cancún y Mazatlán, de acuerdo con los expedientes de vinculación a proceso de los 14 detenidos.
De ahí que la FGR haya librado al menos 200 órdenes de aprensión en contra de varios funcionarios y empresarios que manejan empresas en varias entidades de la república, sobre todo en zonas portuarias, donde se encuentra el puerto de Veracruz.
Tres de los empresarios de Mefra Fletes, Héctor Portales Ávila, Anuar González Hemadi y José N, ya están en poder de las autoridades. Estos ya fueron detenidos el domingo, junto con seis militares y cinco funcionarios de aduanas, por pertenecer al entramado delictivo de los Farías Laguna.
De los cinco nuevos nombres, destacan tres. Por un lado, Roberto Blanco Cantú, que sería el dueño real de Mefra Fletes, y su hermano Rigoberto estaría vinculado con grupos de crimen organizado de acuerdo al Departamento de Justicia de Estados Unidos. Los otros son José René Tijerina y José Isabel Murguía Santiago, accionistas de Mefra Fletes. El hermano del segundo es José Ascensión Murguía Santiago, presidente municipal de Teuchitlán, Jalisco, acusado de delincuencia organizada y desaparición forzada en relación al rancho Izaguirre.
Las investigaciones revelan que los implicados declaraban falsamente el ingreso de sustancias como aditivos para aceites, sosa cáustica o nitratos. En realidad, se trataba de millones de litros de gasolina y diésel que entraban al país sin pagar impuestos.
Los sobornos a funcionarios aduanales permitieron que buques y trenes pasaran combustible ilegal bajo documentación apócrifa.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) también detectó depósitos millonarios, compra de inmuebles y vehículos de lujo entre los investigados.
En el argot de los que se dedican al tráfico de hidrocarburos la palabra huachicol se comenzó a manejar desde 1990, todo se refería a las tomas clandestinas de donde se extraía el hidrocarburo. De acuerdo con datos oficiales de Pemex, en el año 2000 se detectaron alrededor de 180 tomas ilegales. Para 2010, la cifra superaba las 700. Fue entonces cuando redes criminales tomaron el control de esta actividad como una fuente de ingresos. De diciembre de 2018 a febrero de 2025, Pemex detectó 81.352 tomas clandestinas en todo el país.
A diferencia del huachicol tradicional, que es el robo físico de combustibles directamente de los ductos, ahora el huachicol fiscal utiliza métodos más sofisticados que implican fraudes fiscales y corrupción. También conocido como huachicol hacendario, se basa en introducir gasolina o diésel al país registrándolos como lubricantes, alcoholes o aditivos, lo que los exenta de pagar impuestos y aranceles, como el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
Según el periódico español El País, el huachicol fiscal significa un quebranto millonario para el estado mexicano. De acuerdo con el documento Análisis: en recaudación potencial del contrabando fiscal, de la consultora Petro Intelligece, solo en 2024 entraron 18.000 millones de litros de combustible ilegales en el mercado mexicano. Este mercado negro de combustibles le cuesta al erario unos 177.000 millones de pesos al año, equivalente a unos 9.200 millones de dólares, de acuerdo con la misma consultora.
En esta maraña de complicidades aparece la Asipona del puerto de Veracruz donde su titular es el Almirante, Abraham Eloy Caballero Rosas, mismo que considero que será llamado a declarar en torno a la investigación que está realizando la FGR el huachicol fiscal.
La ASIPONA Veracruz ha enfrentado recientes señalamientos de presuntas irregularidades y daños patrimoniales, por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la revisión de la cuenta pública de 2022, así como en el ejercicio 2023, con montos superiores a los 106 millones de pesos en este último. Las irregularidades incluyen pagos de obras no autorizadas, falta de comprobación de trabajos de vigilancia y mantenimiento, y problemas en la asignación de contratos, lo que ha generado preocupación por la falta de transparencia y posible corrupción.
Las anomalías prosiguen, en marzo de 2025, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó presuntas irregularidades por más de 106 millones de pesos en la ASIPONA Veracruz, en relación con partidas de mantenimiento y vigilancia del ejercicio fiscal de 2023. Las anomalías incluyeron un contrato de vigilancia de 91.8 millones de pesos donde no se acreditó el servicio, pagos en exceso de concreto, obras no acreditadas y pagos sin evidencia documental.
La Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz, S.A. de C.V. deberá aclarar el uso y destino de varias decenas de pesos, por irregularidades detectadas en el ejercicio fiscal 2022, de acuerdo al reporte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).