Jorge Viveros Pasquel
El crecimiento de la delincuencia y de la violencia urbana no es solo un problema de policías y estrategias de seguridad. Es el síntoma más evidente de un fracaso mayor; el de un sistema económico que en lugar de reducir brechas, las amplió y que en lugar de garantizar paz, sembró condiciones para la violencia. Las cifras lo muestran con crudeza. En México, el salario mínimo real perdió más del 70% de su poder adquisitivo entre 1976 y 2018, mientras los grandes grupos empresariales multiplicaban sus fortunas.
El caso de Guanajuato es un ejemplo paradigmático de este fracaso, pues prácticamente desde que Vicente Fox fuera su Gobernador, se presentó como un modelo de éxito económico gracias al auge automotriz, la atracción de inversión extranjera y el dinamismo industrial, sin embargo, el crecimiento no se tradujo en desarrollo equitativo. Mientras los parques industriales generaban empleos técnicos y cadenas de exportación, grandes sectores de la población quedaron marginados, con salarios bajos y condiciones laborales precarias. El resultado ha sido devastador: Guanajuato pasó de ser un estado pacífico a convertirse, desde hace muchos años a la actualidad, en el más violento del país, concentrando en ciertos años más del 10% de los homicidios dolosos de todo México. La contradicción es evidente: hubo riqueza, pero no justicia social, y la desigualdad abrió la puerta a la expansión del crimen organizado.
Superar la inseguridad en Guanajuato implica más que aumentar patrullas o construir cárceles. Requiere desmontar las bases de un modelo que normalizó la precariedad y la injusticia. Implica pensar en un Estado que no sea rehén de los intereses de élites económicas, sino garante de derechos para la mayoría. Solo con igualdad real, acceso a oportunidades y cohesión social podrá construirse una seguridad duradera.
En el fondo, la violencia que hoy les azota no es otra cosa que el reflejo del sistema económico que la engendró y mientras no se rompa con esa lógica de concentración y exclusión, la inseguridad seguirá siendo el precio que se paga por un modelo que benefició a unos pocos y dejó en el abandono a las mayorías.