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    Fanny Yépez
    La Columna

    De esas cosas que suceden en el mundo de la política y que muchas veces nos parecen increíbles, es que dentro del mismo equipo se muevan las fichas sin ningún control y sin ver que, sencillamente están escupiendo para arriba.

    A ver, ahora solo faltan tres meses para que lleguen los nuevos alcaldes y alcaldesas, pero los que ya se van, quien sabe a qué le temen, porque desde ahí, desde esos palacios municipales, han salido “disparos” sin sentido y como dijera aquel, pero que necesidad.

    No puedo generalizar, pero solo para referirme a un caso específico les comento que, en Xalapa, la alcaldesa electa, Daniela Griego Ceballos ha hecho una selección de su equipo de trabajo, buscando a los mejores perfiles profesionales para atender las verdaderas necesidades de los habitantes de la ciudad capital.

    Sin embargo, alguien que evidentemente está resentido, trata de exhibir a ese equipo que comenzará a operar a partir del 1 de enero del próximo año y ella está consciente de esa situación, que, por supuesto, no le preocupa porque todo es falso, como el hecho de insistir en que el ex alcalde Hipólito Rodríguez Herrero estará despachando en esa comuna, lo que es una completa falsedad.

    No es posible que sin ver cómo va a funcionar la nueva administración municipal, traten de ponerle piedritas en el camino, pero no hay mucho que investigar, se tienen ya los hilos de esas agresiones que no van a detener la inercia que trae la ex diputada local y ex directora del IPI, entre otros cargos, donde ha demostrado de que está hecha.

    La experiencia de Daniela Griego es muy superior a los que se supone que son sus detractores, su triunfo fue inobjetable, desde el inicio de su campaña se podía sentir y observar la fuerza con que se conducía y el día de la votación fue determinante, el triunfo se lo llevó de manera limpia y transparente.

    No lo platique, pero desde entonces se comentaba en los corrillos políticos que algunos morenistas resentidos, le jugaban las contras y en esta aldea todo se sabe, nadie escapa a esas miradas y esos que declaran que van a guardar los secretos, son los primeros que filtran esa información que llegó hasta donde tenía que llegar.

    Tiempo de mujeres y de mujeres exitosas, que han demostrado con su trabajo y tesón su capacidad que está a prueba de bomba. Su origen morenista es desde hace muchos años, porque ella es de las fundadoras, por eso desde 2016 ya se desempeñaba como diputada local.

    Sus recorridos por los fraccionamientos y colonias de Xalapa los continúa haciendo, escuchando con atención a las ciudadanas y ciudadanos, interactuando y fortaleciendo su Plan de Trabajo municipal, que sin distingo va a llegar a todos los habitantes de esta ciudad.

    El precio de las alianzas en el Poder Judicial

    En política, las coincidencias casi nunca son fortuitas. La reciente reunión entre la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Rosalba Hernández Hernández, y el veterano político priista Héctor Yunes Landa debe leerse más allá de la anécdota: refleja cómo las viejas prácticas de favores y alianzas de conveniencia continúan teniendo cabida en espacios donde debería prevalecer la imparcialidad y la autonomía institucional.

    El Poder Judicial enfrenta hoy un reto mayor: mantener su legitimidad en un contexto de cambio y transformación en Veracruz. Sin embargo, la conformación de equipos de confianza en la cúspide de la institución, deja ver la persistencia de vínculos con personajes ligados a estructuras políticas cuestionadas. Esa red de influencias, más que fortalecer al Tribunal, lo expone a la percepción de ser rehén de intereses ajenos a la justicia.

    Los nombres que acompañan a la presidenta del TSJ no pasan inadvertidos: Alfredo Niño Flores, con antecedentes priistas y participación en contratos polémicos; Eduardo Ignacio Lagos Rodríguez, señalado por conductas de acoso; o Jesús Roberto Cabrera Martínez, pieza vinculada directamente a Yunes Landa, son ejemplos que explican por qué las decisiones administrativas y políticas del Tribunal hoy generan sospechas en la opinión pública.

    El verdadero problema no es la reunión en sí, sino el mensaje que envía: la justicia en Veracruz sigue siendo vista como un tablero donde las piezas se mueven por lealtades políticas antes que por méritos o convicciones jurídicas. Esa es la factura más cara que pagan las instituciones: la erosión de la confianza ciudadana.

    La diosa griega de la justicia es Temis, la personificación de la ley, el orden y la justicia divina. Se le representa comúnmente con símbolos como la balanza, la venda en los ojos y la espada, que simbolizan la equidad, la imparcialidad y la capacidad para imponer el derecho, respectivamente. Para la justicia no hay siglas y colores de partidos, ni niveles económicos.

    Veracruz corredor estratégico para el reclutamiento de niños: Redim

    Veracruz se ha consolidado como un «corredor estratégico» para el reclutamiento de Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) por parte del crimen organizado, así como para la trata de personas, alertaron expertos.

    El análisis “Infancia Cuenta en Veracruz”, presentado por la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) y el Centro de Estudios Sociales Antonio Montesinos (CAM), reveló la magnitud y los riesgos que enfrentan los menores de edad en la entidad, debido a su ubicación geográfica y la disputa de al menos 15 grupos criminales.

    La ubicación geográfica de Veracruz (en el Golfo de México) lo convierte en un corredor clave para el tráfico de drogas, armas y personas», subrayó.

    La investigación, que contó con el apoyo de la Unión Europea, destacó que municipios como Minatitlán, Acayucan, Coatzacoalcos y Poza Rica son focos rojos de violencia y de reclutamiento forzado de adolescentes.

    El diagnóstico de Redim y CAM subraya que entre 2015 y 2025 se registraron oficialmente 22 casos de «utilización por agrupaciones delictivas» y 32 víctimas de trata de personas menores de 18 años.

    «Sin embargo, estas cifras son apenas un reflejo de una problemática mucho mayor, pues no existen registros oficiales específicos sobre reclutamiento, lo que limita las posibilidades de prevención y atención», denunciaron especialistas.

    Los adolescentes son obligados a participar en sicariato, halconeo y transporte de drogas, a menudo tras ser privados de su libertad. Mientras que las niñas enfrentan un riesgo elevado de trata con fines de explotación sexual y trabajo forzado.

    Los NNA también son utilizados en actividades como la mendicidad forzada.

    Factores de riesgo y la influencia de la «narco-cultura»

    El informe detalla cómo factores estructurales como la pobreza, la desigualdad, la violencia familiar, la carencia de oportunidades educativas y la negligencia institucional incrementan la vulnerabilidad de niñas, niños y adolescentes.

    A este panorama se suma la creciente influencia de la “narco-cultura”, que «romantiza» la criminalidad y promueve la construcción de masculinidades violentas, reforzando así las dinámicas de reclutamiento, señalaron Redim y CAM.

    La normalización de la violencia en el entorno contribuye a que los menores de edad vean en estas actividades una salida, a pesar de los riesgos mortales.

    El estudio critica las graves deficiencias en la respuesta de las autoridades. Señala la excesiva burocracia, la ausencia de un programa estatal específico para abordar la trata y el reclutamiento de menores, la falta de coordinación interinstitucional y una preocupante tendencia a criminalizar a las víctimas en lugar de protegerlas.

    Estas limitaciones, señalaron, impiden garantizar justicia y protección integral a la infancia.

    Ante la situación, REDIM y CAM lanzan un llamado urgente a las autoridades estatales y federales para implementar acciones como: establecer un protocolo especial para la detección y atención de víctimas de reclutamiento y trata, así como reforzar la prevención escolar y comunitaria; capacitar al personal en la identificación de casos para evitar la revictimización de los NNA; crear un Programa Estatal contra estos delitos y asegurar la participación de niños y adolescentes en el diseño e implementación de las políticas públicas que les afectan directamente.