Mara Iliana Cruz Pastrana
La reforma a la Ley de Amparo genera un debate intenso en la comunidad académica y jurídica ya que plantea cambios sustanciales en el sistema de impartición de justicia y en el equilibrio de poderes en el país.
La reforma tiene implicaciones profundas para el sistema de justicia y la protección de los derechos humanos en México.
Algunos de los cambios más relevantes son:
• La reforma plantea limitar el alcance del amparo en materia penal, lo cual podría restringir la protección de los derechos fundamentales de la ciudadanía.
• La reforma podría incrementar la ya de por si complejidad técnica del litigio penal, lo que exigiría una mayor preparación y sofisticación de los abogados defensores.
• La reforma podría restringir la inmediatez de la protección constitucional, lo que podría dejar a las y los ciudadanos sin protección efectiva contra violaciones a sus derechos fundamentales.
La reforma a la Ley de Amparo puede tener implicaciones significativas para la defensa en materia penal y conlleva desafíos que enfrentarían los abogados defensores:
• Deberán diseñar vías argumentativas para demostrar la inconstitucionalidad o inconvencionalidad de determinados actos, lo que exigiría una mayor preparación y sofisticación.
• La defensa deberá redoblar esfuerzos en la etapa intermedia y en la audiencia de vinculación, ya que las posibilidades de reparación inmediata vía amparo serán limitadas.
La reforma a la Ley de Amparo es un tema complejo y controvertido que requiere aun un análisis detallado y una discusión amplia; es importante considerar las implicaciones que traerá, su impacto en el sistema de justicia y la protección de los derechos humanos en nuestro país.
La reforma ha generado un intenso debate en la comunidad jurídica y política del país ya que introduce cambios significativos:
• Los jueces no podrán otorgar suspensiones con efectos generales sobre normas impugnadas, lo que implica que no se podrán detener de manera provisional la vigencia o aplicación general de una ley mientras se resuelve el amparo.
• Se refuerza el principio de que el resultado de un juicio de amparo solo beneficiará al que lo promueve y las sentencias se limitarán a las personas físicas o morales que lo hayan solicitado.
• Se reduce el número de votos necesarios para aprobar las jurisprudencias por precedentes obligatorios de 8 a 6 votos, lo que puede agilizar la resolución de conflictos constitucionales y proporcionar respuestas más rápidas en casos de violaciones a derechos fundamentales.
• Se establecen penas y multas más altas para las autoridades que no cumplan con las sentencias de amparo. Los funcionarios que incumplan pueden alcanzar penas de prisión que van de 2 a 9 años, la destitución e inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Algunos expertos consideran que la limitación en la suspensión de normas generales podría ser inconstitucional, toda vez que la Constitución obliga a los jueces a evaluar la apariencia del buen derecho y el interés social al decidir una suspensión.
Algunos críticos argumentan que debilita la protección de los derechos humanos y limita las herramientas ciudadanas para frenar abusos de poder, otros más sostienen que es necesaria para evitar el uso malicioso del amparo para frenar acciones de gobierno y modernizar la impartición de justicia.
La limitación de los efectos generales de las sentencias podría dejar sin protección a millones de personas que no están en posibilidad de costear su propio juicio, además podría afectar de manera desproporcionada a los sectores más vulnerables de la sociedad, quienes ya enfrentan barreras para acceder a la justicia.
Algunos críticos argumentan que la reducción del número de votos necesarios para aprobar la jurisprudencia por precedentes obligatorios podría facilitar que mayorías afines al gobierno en turno controlen las decisiones constitucionales.
La aprobación de la reforma a la Ley de Amparo en el Senado de México ha generado un intenso debate político y busca limitar la capacidad de los jueces para otorgar suspensiones con efectos generales contra leyes y normas impugnadas. Es un tema complejo y controvertido que podría restringir la capacidad de las autoridades judiciales para proteger los derechos humanos y limitar el acceso a la justicia federal. Su impacto dependerá de cómo se implemente y se resuelvan los desafíos legales que plantea. Es un tema serio.
Al tiempo…