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Agustín Torres Delgado*
Pa’ vivir a gusto
Las imágenes de Poza Rica, Álamo y Tuxpan bajo las aguas del río Cazones no deberían sorprendernos. Como tampoco debería extrañarnos que las autoridades minimicen la tragedia mientras las familias veracruzanas pierden todo lo construido en años de trabajo. Lo inadmisible es que gobiernos como el de Rocío Nahle hayan dejado a sus estados sin protección al no renovar las pólizas de seguro contra desastres naturales.
64 personas han muerto y otras 65 siguen desaparecidas tras las inundaciones en Veracruz, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí y Querétaro. Detrás de estas cifras se esconde una negligencia doble: por un lado, la tradicional falta de obras preventivas; por otro, la eliminación deliberada de mecanismos de respuesta. Veracruz lleva, desde junio, sin cobertura de seguros catastróficos después de que Nahle decidiera no renovar el contrato con Seguros BX+. En Hidalgo, Julio Menchaca hizo lo mismo con Seguros Afirme, apostando por “fondos propios” que resultan claramente insuficientes. Para este tipo de tragedias existía el FONDEN, que Morena se empeñó en desaparecer en 2021; Movimiento Ciudadano se opuso a su eliminación.
Tenemos uno de los mejores sistemas de alerta temprana del mundo: el SIAT-VER veracruzano, operando desde 2011, fue pionero en su tipo. La CONAGUA lanzó alertas desde el 9 de octubre. Sin embargo, toda esta capacidad técnica se estrella contra la realidad: seguimos siendo especialistas en reaccionar, no en prevenir.
Las cifras hablan por sí solas. Entre 2015 y 2019, de cada 100 pesos destinados a “gestionar desastres”, 99 se usaron para atender emergencias y solo 1 para reducir riesgos antes de que ocurrieran. En cuanto a pérdidas, no existe una cifra “fija” anual: cambian según la temporada. Para dimensionar, en 2023 los ciclones tropicales dejaron 85,866.5 millones de pesos en daños, de acuerdo con CENACENAPRED.
En Movimiento Ciudadano respondimos desde el primer momento con responsabilidad institucional. Nuestra Bancada Naranja presentó en la Cámara de Diputados un punto de acuerdo urgente para declarar desastre natural en 139 municipios y fortalecer las acciones de protección civil. Paralelamente, pusimos en marcha centros de acopio en varios estados y organizamos la entrega directa de víveres en las zonas más damnificadas.
Politizar la tragedia sería ruin, pero no por ello dejaremos de señalar lo que no se ha hecho. Tampoco dejaremos de pedir una investigación después de que el alcalde de Poza Rica, Fernando Luis Remes Garza, declarara que el muro que se iba a construir para uno de los brazos del río no se realizó. La obra, que costó 14 millones de pesos, solo tuvo un avance del 10%. ¿Por qué no se terminó la obra? ¿Dónde está el recurso? ¿Quién es responsable? Estas son las principales dudas de nosotros y de todas y todos los veracruzanos.
En conclusión, esta terrible tragedia evidencia algo fundamental: necesitamos infraestructura preventiva real. Sistemas de drenaje profundo que funcionen a escala regional, presas diseñadas para controlar crecidas de agua, canalizaciones que respondan a criterios técnicos serios; así como un plan de acción para la atención de las personas posterior a un desastre natural.
Hoy, 8 de cada 10 viviendas ubicadas en zonas de riesgo carecen de seguro, no por desidia de las familias, sino porque la planeación urbana permitió y toleró asentamientos en lugares vulnerables, sin ofrecer alternativas viables ni garantías mínimas de protección. Veracruz, por ejemplo, cuenta con mapas de riesgo desde hace más de una década, por lo que no nos explicamos cómo se siguen permitiendo los asentamientos urbanos sin control. Es ahí donde se revela el verdadero compromiso gubernamental: no en las promesas sino en las obras que resguardan lo irremplazable, la vida y el patrimonio de las personas frente a la próxima temporada de lluvias.
Agustín Torres Delgado
Secretario Nacional de Acuerdos — Movimiento Ciudadano