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Agustín Torres Delgado
Pa’ vivir a gusto
Apenas una semana atrás, el alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, decía en entrevista que tenía que vivir su día a día con la idea de que podían asesinarlo. Hoy está muerto, cobardemente asesinado. Su muerte es emblema del desastre.
El gobierno federal acusa de querer sacar “raja política” a quienes mostramos indignación por este cobarde asesinato. Yo pregunto: ¿no les compete? Tenía 14 efectivos de la Guardia Nacional custodiándolo. ¿Dónde estaban? ¿Fueron ineficaces? Él solicitó seguridad; las autoridades dicen que se la dieron. ¿No estaban ahí? ¿Fueron irresponsables? Cabe cuestionarse: ¿eran efectivos de confianza?
Porque claro que vamos a cuestionar al Ejecutivo Federal, al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana y a todas las personas involucradas en la supuesta protección de Carlos Manzo: ¿qué pasó?
En México, la violencia no es un problema periférico, es una pieza central de la gobernabilidad. Las muertes de jóvenes, mujeres, maestras, transportistas, personas de diferentes comunidades, ciudadanas y ciudadanos de a pie que día a día mueren a manos del crimen organizado no son “daños colaterales”: son muestras claras del desmoronamiento del tejido institucional.
Tan solo dos semanas atrás, otro cobarde asesinato ocurría en el mismo estado: el del líder limonero Bernardo Bravo Manríquez. En julio de este año, la maestra Irma Hernández Cruz, en Veracruz; el periodista Jesús Alberto Camacho Rodríguez, cuyos restos fueron encontrados por un colectivo de madres buscadoras en Sinaloa tras cinco años desaparecido; el periodista Kristian Zavala, asesinado también en Sinaloa, quien había solicitado protección gubernamental en 2021 tras recibir amenazas; José Carlos González Herrera, periodista en Guerrero, asesinado al salir de un estudio de grabación… Y así podríamos seguir con esta lamentable lista de líderes sociales, activistas y periodistas, todos ellos asesinados en lo que va de este 2025.
En algunos estados los números son demoledores. En los primeros seis meses de 2025 se han registrado 253 casos de violencia política, de los cuales 112 fueron asesinatos, según el Reporte Semestral de Violencia Política elaborado por la consultora Integralia. Este mismo reporte indica que Veracruz es uno de los estados con más víctimas registradas por violencia política: 201 víctimas, de las cuales el 60.7% fueron asesinadas.
En Sonora, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), en el periodo comprendido de enero a mayo de 2025, 452 personas fueron víctimas de homicidio doloso, lo que representa un aumento del 7% en comparación con el mismo lapso del año anterior.
Todas y todos ellos no son estadísticas: son personas asesinadas, activistas que denuncian, periodistas que cubren actos de corrupción o señalan a autoridades y al crimen organizado. Hay miles de ciudadanas, ciudadanos, hombres, mujeres y jóvenes que en sus estados y comunidades viven en la indefensión ante la delincuencia. Y todo esto ocurre bajo el mandato de un gobierno que prometió “orden y paz”.
Ojalá aprendan a escuchar. Desde las organizaciones de la sociedad civil y desde las organizaciones políticas —como la nuestra—, hemos presentado múltiples propuestas que podrían beneficiar la estrategia de seguridad. No nos den crédito, solo aplíquenlas. Presten atención. El gobierno de Claudia Sheinbaum heredó un país marcado por la violencia, sí, pero también heredó la legitimidad democrática para cambiar la situación. Tienen todo a su favor para actuar. Para eso es el poder que ostentan desde hace siete años.
El asesinato de Carlos Manzo debe ser un punto de quiebre en materia de seguridad. La magnitud de este cobarde asesinato nos remite al magnicidio de marzo de 1994 en Lomas Taurinas. En la ciudadanía hay un sentimiento profundo de enojo, impotencia, indignación y coraje; un sentimiento nacional de que todos nos damos cuenta de que las cosas no están bien, mientras quienes tienen la tarea de proteger a la ciudadanía prefieren desviar la atención.
En un país donde la violencia es una herida abierta, las manifestaciones legítimas de la gente no son un acto de desorden: son un grito de dignidad, un llamado a detenerse y escuchar. Reprimir a quienes alzan la voz —como en Michoacán o en cualquier otro rincón de México— es intentar silenciar el dolor y la exigencia legítima de justicia. Escuchar, dialogar y atender las causas profundas de la violencia es el único camino posible para alcanzar la tan anhelada paz.
Agustín Torres Delgado
Secretario Nacional de Acuerdos
Movimiento Ciudadano