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Isabel Ortega
Trabajadores sindicalizados del Estado de Veracruz se manifestaron este viernes 21 de noviembre contra dos iniciativas de ley remitidas por los diputados de Morena, Felipe Pineda Barradas y Juan Tress Zilli, que —aseguran— atentan contra el derecho a la organización sindical.
Desde temprana hora ofrecieron una rueda de prensa en el centro de la ciudad, donde denunciaron que la propuesta de reforma a las leyes Estatal del Servicio Civil de Veracruz, Orgánica del Poder Ejecutivo y Orgánica del Poder Judicial representa un retroceso para sus derechos laborales y de organización, establecidos en la Constitución.
¿Qué se propuso?
El jueves 13 de noviembre se dio entrada a las dos iniciativas de los morenistas que, según los líderes sindicales, promueven la existencia de un solo sindicato por entidad pública. Además, establece que si existen varias agrupaciones que busquen registro, la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad (STPSP) otorgaría el reconocimiento únicamente al sindicato mayoritario.
También se propone un cambio en la autoridad registral de los sindicatos. Se plantea retirar al Tribunal de Conciliación y Arbitraje la facultad de registrar sindicatos de entes públicos; ahora será competencia de la STPSP, responsable del registro, control y posible cancelación del registro sindical.
Asimismo, se contempla la posibilidad de cancelar el registro sindical. Se establece que el registro de un sindicato podrá cancelarse “a petición de parte interesada” mediante resolución de la Secretaría del Trabajo. La “parte interesada” podría ser la propia autoridad del ente público.
La propuesta también contempla la intervención en la vida interna de los sindicatos. Se busca establecer contenidos obligatorios de estatutos, requisitos internos y procedimientos disciplinarios para los sindicatos de entes públicos.
Se prevé que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, a solicitud de una entidad pública, pueda desconocer directivas sindicales o cancelar el registro en ciertos supuestos.
Habrá mayor exigencia de datos personales a los agremiados. Se proponen requisitos que incluyen nombre, CURP, domicilios, remuneración y una “relación pormenorizada de sus antecedentes como trabajador”, entre otros datos personales considerados sensibles.
La propuesta está dirigida a todas las entidades públicas del estado, incluyendo el Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Fiscalía, ayuntamientos e incluso podría alcanzar a la Universidad Veracruzana y otras entidades educativas.
24 sindicatos se organizan y marchan
Durante la conferencia en un conocido café, se mencionó que 24 sindicatos del Poder Ejecutivo, organismos públicos descentralizados, DIF estatal, Fiscalía, sector educativo y tecnológicos están en contra de la reforma.
Los sindicatos consideran que la propuesta legislativa busca concentrar a todas las organizaciones en un solo gremio, además de vulnerar derechos adquiridos de la base trabajadora.
Ahmed Antonio Galicia Campos, secretario general del Sindicato de Empleados del Poder Ejecutivo de Veracruz, informó que la iniciativa fue presentada “en lo oscurito”, sin informar ni consultar a las organizaciones laborales.
“Si la autoridad hubiera tenido la intención de que participáramos, primero debieron convocarnos. Esto se hizo de forma oscura y violatoria de los derechos humanos”, acusó.
Exigen a diputados congelar las iniciativas; se dicen amenazados
Los trabajadores se desplazaron al Congreso del Estado, donde exigieron una reunión con los diputados que presentaron la propuesta para que la retiren de comisiones. Sin embargo, fueron atendidos únicamente por el presidente de la Junta de Coordinación Política, Esteban Bautista Hernández.
“Queremos que se reforme la ley, pero para que se respete el artículo 23, donde dice que los trabajadores, después de seis meses y un día, pasan a ser trabajadores con nombramiento definitivo.
“Que se respete el artículo 30, donde especifica que los titulares de las entidades públicas tienen la obligación de integrar a los trabajadores a los programas de seguridad social”, exigió.
En la reunión con el diputado, se mencionó que la iniciativa fue de la autoría del secretario de Trabajo, Previsión Social y Productividad, Luis Arturo Santiago, y no de los legisladores que la presentaron en tribuna.
Galicia Campos afirmó que la propuesta representa un retroceso, pues ahora el Estado —que es el patrón— podrá definir quién puede organizarse en un sindicato y será la instancia encargada de otorgar la validez o toma de nota a las agrupaciones.
No descartó que la iniciativa tenga tintes políticos, debido a que otorga amplias atribuciones a la Secretaría de Trabajo, que buscaría regular a los más de 9 mil trabajadores sindicalizados del estado.
“Queremos que la iniciativa se congele y no pase, pues es violatoria de los tratados internacionales y de la propia Constitución”, dijo. Añadió que, aunque el tema es competencia del Congreso de Veracruz, fueron llamados por el titular de la Secretaría de Gobierno, Ricardo Ahued.
“Siento que fuimos amenazados, porque lo que dijo el presidente de la Junta de Coordinación Política es que no quieren que pase, entonces va a pasar”, alertó.