Isabel Ortega
El director de Política Regional, Adolfo Toss Capistrán justificó la presencia de policías antimotines en el centro de Xalapa, que han permitido “encauzar” las manifestaciones para liberar la calle de Enríquez, con el argumento que “está normado en materia de derechos humanos”.
A pesar de que al menos dos manifestaciones de maestros jubilados y de extrabajadores del seguro social han sido retirados por los policías antimotines, que los cercan hasta obligarlos a subirse a la Plaza Lerdo, aseguró que no se ha hecho uso de la fuerza pública.
Justificó que, tras agotar el diálogo, se ha determinado “encauzar” a las personas que mantienen cerradas las vialidades, que son rodeadas por policías armados con toletes y escudos, “nunca desalojarlas, no es intimidación”.
“El uso de la fuerza pública está normado en materia de derechos humanos; realmente no se ha hecho ningún desalojo con fuerza pública”, dijo e insistió que, a pesar de que los policías llevan toletes y escudos, no se intimida a los manifestantes.
El pasado 25 de noviembre, granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública desalojaron a extrabajadores del Seguro Popular que se manifestaban sobre la avenida Enríquez, lo que provocó el cierre del centro de la ciudad.
Minutos después de las 2 y media de la tarde, una veintena de efectivos con toletes y escudos repelieron a los manifestantes, obligándolos a subirse a la banqueta a la altura de la Plaza Lerdo.
Antes, el 3 de octubre, integrantes de la Unión de Beneficiarios del Seguro de Vida Institucional de Veracruz (Ubsiver), que se manifestaron durante 16 horas frente al Palacio de Gobierno, en Xalapa, para exigir el pago de seguros de vida, fueron obligados a replegarse por los policías.
“No se ha utilizado el uso de la fuerza pública para desalojar a nadie (…) tenemos un protocolo establecido; agotado el diálogo ha habido la necesidad de encauzar a las personas, nunca desalojarlas”, argumentó.
Justificó la intervención de los policías, pues afirmó que cuando se presenta alguna manifestación hay dos partes, y el Estado ha cumplido con el pago de dos exhibiciones de laudos laborales, y los que no se han resuelto es porque siguen en litigio.
“Sería bueno que lo reconocieran los trabajadores de Seguro Popular; se les ha estado pagando, hay todavía recursos que se vienen litigando y hasta que no haya definitividad no se les pagará”.
Al referirse a los jubilados que también fueron desalojados en el mes de octubre, comentó que el tema se está atendiendo y se cubrirán los pendientes con la creación del fideicomiso de seguros institucionales.
A pregunta expresa sobre si se va a mantener la política de encauzar a los manifestantes con apoyo de antimotines, afirmó que esa decisión se tomará en cada caso en particular.