Síguenos ahora también en WhatsApp. ¡Da clic aquí!
Fanny Yépez
La Columna
Parece que ahora si se le va a armar en grande al diputado Esteban Bautista Hernández y su equipo de colaboradores, aquel o aquellos que se encuentren involucrados en el nuevo escándalo que está sacudiendo a la opinión pública del estado de Veracruz.
A ver, supuestamente en esa institución, existe reclutamiento de mujeres jóvenes y atractivas, con la promesa de ingresarlas a la nómina, pero que realmente son utilizadas para participar en fiestas privadas para convivir con políticos y empresarios.
Es verdaderamente indignante que, siendo tiempo de mujeres en el mundo de la política y los negocios, algunos misóginos de la Legislatura local sigan abusando del sexo débil para satisfacer sus más bajos instintos.
La investigación de esos acontecimientos debe llegar hasta sus últimas consecuencias, porque no es posible que siendo mujeres la gobernadora, la fiscal, la presidenta del Congreso local, la directora del ORFIS y muchas otras distinguidas damas, permitan en conjunto, que esto siga sucediendo, deteriorando la imagen de uno de los tres poderes del gobierno.
Lamentables las declaraciones del presidente de la Junta de Coordinación política del Congreso local, Esteban Bautista, quien dice que no puede separar del cargo a la persona que ha sido denunciado por esos hechos, sino hasta que la Fiscalía defina su situación jurídica. Y que quien lo denuncia debe probar su dicho.
Acaso no pudiera ser de otra manera, si ya existe la denuncia y los medios de comunicación lo están difundiendo, porque existen víctimas. Bien podría separarlo del cargo y si demuestra su inocencia reintegrarlo de nuevo, aunque dijo que el personaje se encuentra aislado. Tal parece que lo protege o que teme algo de este triste caso.
Y volvió a salir con su cantaleta de que va a trabajar con los verdaderos medios de comunicación, que no se basen en la mentira, en la rumorología, sino que investigaran las cosas, pero así con ese tipo de reacciones no ayuda a la imagen de esa institución que va de escándalo en escándalo por sus deficiencias y ahora con la presencia de un acosador.
En la actual LXVII Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz, que inició funciones el 5 de noviembre de 2024, hay aproximadamente 24 diputadas, ellas independientemente del partido en que militen, deben insistir en que se inicie una investigación respecto al reclutamiento de atractivas jóvenes y que se actué en consecuencia
Es absolutamente necesario que se limpie la imagen de esta institución, que esta para salvaguardar los derechos de las y los ciudadanos.
Cabe recordar que la discusión sobre acoso sexual en Veracruz se centra en 67 denuncias contra servidores públicos estatales, investigadas por la Contraloría, abarcando casos de fines de 2024 y 2025, aunque no se especifican denuncias directas contra la Legislatura Local, sí hay iniciativas en el Congreso para reforzar leyes contra el acoso, como la aprobación de la Ley Monse (contra encubrimiento de delitos) y propuestas para combatir el ciberacoso, mostrando un contexto de mayor atención a la violencia de género institucional.
La Ley Monse se les puede aplicar a todo aquellos que supuestamente están involucrados en el reclutamiento de mujeres.
Hacemos un urgente llamado a la responsable del área de equidad de género en la LXVII Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz, a la diputada Astrid Sánchez Moguel, que preside la Comisión Permanente para la Igualdad de Género.
Además, existe el Centro de Estudios para la Igualdad de Género y Derechos Humanos (CEIGDH), una instancia administrativa del Congreso, cuya encargada en es Carmen Bautista Parada, ellas son responsables de investigar si efectivamente existe reclutamiento de mujeres en este poder legislativo, y deben insistir en que se proceda conforme a derecho, sin ningún miramiento del poder político.
Este tipo de comportamiento de algunos funcionarios públicos no es nuevo, por supuesto que no, pero nadie se había atrevido a denunciar públicamente esas prácticas, entonces es necesario el acompañamiento de las mujeres de esas áreas que se mencionan, para dejar en claro el tema y también evitar de esa forma la especulación.
Funeraria levanta cuerpo sin aval de la Policía Ministerial
Fue la tarde del pasado 14 de este mes de diciembre cuando fue reportado el hallazgo de una persona sin vida sobre la calle Constitución, en la localidad de El Chico en el municipio de Emiliano Zapata. Vecinos alertaron al número de emergencias 911, por lo que al sitio acudió una ambulancia para tomar conocimiento.
Paramédicos confirmaron que el hombre, un varón de edad media, ya no contaba con signos vitales. De acuerdo con los primeros reportes, el deceso habría ocurrido al atentar contra su integridad.
Tras la confirmación del fallecimiento, se dio aviso a personal de la Policía Ministerial, hasta aquí todo se estaba desarrollando de acuerdo al protocolo que existe sobre ser cuidadosos y no alterar el área de los hechos,
Sin embargo, antes de que arribaran las autoridades, una funeraria acudió al lugar y realizó el traslado del cuerpo. Minutos después, al llegar los agentes ministeriales y no encontrar el cuerpo, se entrevistaron con los familiares, quienes informaron que la funeraria ya lo había trasladado.
Ojo, el protocolo establece que no se debe alterar el área de los hechos del delito, porque es fundamental para la investigación criminalística, ya que el lugar contiene pruebas, rastros y evidencias (indicios) que cuentan la historia del suceso; cualquier manipulación, contaminación o pérdida de estos elementos puede destruir información crucial, dificultar la identificación de culpables y afectar la cadena de custodia, llevando a la impunidad o a fallos judiciales.
Al conocer que se trataba de la funeraria 21 de marzo, los agentes solicitaron que regresaran. La unidad fue interceptada en la localidad, a la altura de una gasolinera, donde el personal ministerial realizó las diligencias correspondientes y el levantamiento legal del cuerpo.
Asimismo, dos empleados que viajaban en la camioneta de la funeraria fueron puestos a disposición de la Fiscalía, para rendir su declaración y deslindar responsabilidades. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se continuarán los procedimientos de ley.
Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer los hechos y determinar si existió alguna irregularidad en el manejo inicial del cuerpo.
Todo este entramado revela que es urgente y necesario iniciar cursos de capacitación, sobre los protocolos a los que se deben regir los representantes de las funerarias, porque el desconocimiento de la ley, no exime del delito.
Será la autoridad correspondiente la que determine el grado del delito, si es que este existe, porque más parece ignorancia de los procedimientos que otro tipo de tendencia, pero insisto, serán las autoridades quienes determinen lo procedente.