Miguel Ángel Gómez Ruiz
Contrapunto
Los próximos días podrían tornarse difíciles para la presidente del Poder Judicial del Estado de Veracruz (PJEV), Isabel Inés Romero Cruz, quien enfrentaría un proceso para ser destituida de su cargo por negarse a reinstalar al magistrado Roberto Dorantes Romero, además de que se hizo merecedora de una multa.
La presidente interina, quien asumió el cargo el año pasado tras la destitución de Sofía Martínez Huerta, ha sido omisa a las decisiones de la Suprema Corte, así como la presidente del Congreso, Adriana Linares Capitanachi, quien ha sido tan ignorante de la ley, que supuso que podría impugnar una decisión de la Suprema Corte, vaya.
De hecho, el castigo podría haberse extendido hacia otros actores que han secuestrado al Poder Judicial. Por principio de cuentas, Juan Javier Gómez Cazarín, el presidente de la Junta de Coordinación Política que en lugar de estar en el Congreso local se la ha pasado viajando a la zona de Los Tuxtlas, repartiendo dinero para que tengan buena suerte todos los candidatos que impuso, entre ellos su padre, en Hueyapan de Ocampo. El sujeto también impuso a magistrados (as).
También, se debió sancionar al secretario de gobierno, Eric Cisneros, quien utilizó al Poder Judicial como agencia de empleos, colocando a su empleada y novia, Carla Rodríguez, como representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Judicatura. Hace algunos meses, la expresidenta de ese poder, Sofía Martínez Huerta, dijo que el funcionario la había amenazado si no dejaba el cargo. Nadie lo duda, en los últimos meses se la pasó amenazando a alcaldes y candidatos.
Se debió castigar o despedir a Humberto Hernández Reducindo, un tinterillo que trabajó cargando las maletas de Juan Javier Gómez Cazarín y del panista Sergio Hernández y que es uno de los responsables de que la Suprema Corte de Justicia echara abajo iniciativas aprobadas por la mayoría morenista, alrededor de 30.
Y también sancionar al gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien es desconocedor de la ley, pero que también ha utilizado al Poder Judicial como si fuera el patio de su casa. El mandatario no es muy listo, eso ya lo sabemos, pero se ha dejado impresionar por sus asesores y por ello también hizo y deshizo en el Poder Judicial, colocando a incondicionales y hasta a parientes. Hay en el Poder Judicial 22 magistrados (as) impuestos por él, sin carrera judicial, sin ningún merecimiento.
Mientras tanto, Isabel Inés Romero Cruz y Adriana Linares Capitanachi tendrán que apoquinar y pagar una multa que bien pudieron evitar si hubieran respetado la decisión de un poder superior a ellas. No sólo se evidenciaron por su torpeza, sino que demostraron que aquellos que trabajan para Morena creen que pueden hacer lo que quieran.
Y, de hecho, si pasa más tiempo y siguen sin obedecer a la Suprema Corte, hasta podrían ir a la cárcel, así que lo mejor será que se pongan serias y obedezcan, que aprendan que en esta vida no siempre se gana.
Covid-19
De última llegó información sobre que en algunas salas del Tribunal Superior de Justicia hubo un brote de Covid-19. Hay personas contagiadas, se ignora si sólo son empleados, abogados o justiciables, pero todos sabíamos que eso pasaría y más porque Isabel Inés Romero Cruz ha sido omisa ante ese problema.
Como no sale de su oficina y delega responsabilidades, ella vive en su mundo de fantasía, pero lo cierto es que tiene la obligación de hacer algo a favor de los trabajadores y una de las medidas más urgentes es sanitizar las instalaciones. Debe adquirir equipos completos de sanitización, para prevenir, sobre todo.
La mala atención del gobierno federal ante el coronavirus provocó ya más de 221 mil muertes y lo que es peor, están esperanzados en la que las vacunas frenarán los contagios. Ni siquiera llegan al 15 por ciento de vacunados y estos aún pueden contagiarse y peor aún, pueden contagiar a sus familias. Isabel Inés Romero Cruz debe entender que la limpieza es la mejor opción para detener los contagios.
La verdad, nadie quisiera estar en los zapatos de Isabel Inés Romero Cruz, tendrá días difíciles y podría ir a la cárcel por desacatar una orden de la Suprema Corte de Justicia. Ha nombrado a jueces sin experiencia que están a las órdenes de gobierno del estado para perseguir a opositores y encarcelarlos. Muchos de esos jueces ni siquiera tendrían capacidad para ser jueces de manzana.
Peor aún, ni siquiera se comporta como presidente, ella misma se queja de que algunos que están a su alrededor no la obedecen y hasta pareciera que, por su aspecto, ella es la empleada.
Es triste y vergonzoso ver un Poder Judicial que no tiene ni siquiera un plan para implementar la Justicia a distancia, que no ha atendido la epidemia de coronavirus, que tiene a magistrados y jueces con pleno desconocimiento de la actividad judicial y lo que es peor, tiene a muchas personas en puestos clave que no son más que improvisados.
Y encima, un gobernador que parece cacique de pueblo y dos bandoleros con suerte que se creen más que él, como son los casos de Eric Cisneros y Juan Javier Gómez Cazarín. Así, no queda más que decir: pobre Poder Judicial.