Mónica Mendoza Madrigal
LaAgendaDeLasMujeres
Apenas en noviembre pasado, todos los partidos acudieron a la convocatoria del INE para suscribir la #3de3VslaViolencia, iniciativa que fue impulsada desde Las Constituyentes Feministas y Nosotras Tenemos Otros Datos y abrazada por gran número de organizaciones feministas del país, que consiste en que los deudores de pensión alimenticia, los agresores y acosadores no sean postulados por ningún instituto político en la búsqueda de un cargo de elección popular.
Esta acción busca que quienes han cometido violencia en contra de mujeres no se cobijen en el poder y el fuero que el cargo público les brinda para seguir cometiendo estos actos, aspiración que se resume en el hashtag #NingúnAgresorAlPoder, por lo que al acuerdo signado a nivel nacional siguió la adopción de la medida en cada una de las entidades -Veracruz incluido-, cuando el 12 de diciembre pasado el Capítulo local del Colectivo 50+1 entregó la solicitud ante el pleno del OPLE, con la representación de todas las fuerzas políticas.
El acuerdo establece que para negar el registro a un aspirante debía haber sentencia y estar inscritos en el registro de cada uno de los criterios de violencias antes señaladas. Pero hoy –a menos de una semana de que concluyan estas lodosas campañas– hemos podido constatar que ni los partidos dejaron de postular agresores e impresentables, ni la autoridad electoral se dio abasto al momento de verificar las solicitudes y proceder oportunamente para impedirles el paso a estos agresores de mujeres. Con todo y el agotado discurso mercadotécnico que hace que hoy todos se digan grandes “aliados” de las mujeres, aunque en la práctica nos demuestren que siguen siendo los mismos o peores.
El Consejo General del INE, en sesión del 3 de abril, decidió que la revisión de los formatos de la 3 de 3 de los aspirantes serían revisados en forma aleatoria y no total, como lo propuso la Consejera Carla Humphrey, reduciendo el proceso de rechazar violentadores a solo el porcentaje de su muestra, lo que dejó fuera de revisión a quienes hemos visto presumiendo sus candidaturas cuando tienen un historial que debería tenerlos en la cárcel. Por cierto, la organización política La Observatoria Todas Mx interpuso un recurso ante el órgano electoral federal buscando revocar esa decisión, lo que claramente no sucedió.
En una nota periodística de CIMAC Noticias, Anayeli García refiere un estudio elaborado por Transparencia Mexicana en el que da cuenta que de 125 mil candidaturas, solo mil 40 aspirantes presentaron su declaración 3 de 3. Eso significa que solo el 0.83 por ciento del total de candidatos cumplieron con este acuerdo, lo que es responsabilidad directa de los partidos políticos.
Pero no solo eso. Como parte de La Observatoria Todas MX, la agrupación feminista Brujas del Mar ha generado un producto gráfico llamado “antiboletas” en las que exhibe los nombres, rostros y partidos de candidatos en activo que claramente no cumplen este requerimiento y que aun sabiéndolo, fueron postulados por sus partidos, mismos que se llenan la boca hablando de sus “acciones” para “combatir” la violencia, pero que en los hechos están postulando deudores alimenticios, violentadores y acosadores.
Hasta el momento hay 72 antiboletas en todo el país y en Veracruz son cinco los candidatos que están en esa lista: Gabino Cruz Díaz, candidato a presidente municipal de Amatlán de los Reyes postulado por Morena, señalado por agresión física a familiar y ex parejas; Marcos Isleño, candidato a presidente municipal de Medellín postulado por el Partido Verde, acusado por violencia física; Rafael Martínez Torres, candidato a presidente municipal de Isla por el partido Fuerza por México, señalado por violación, agresión y amenazas; José Antonio “Pepe” Chiunti, candidato a la presidencia municipal de Cosamaloapan por Movimiento Ciudadano, denunciado por tentativa de feminicidio, sustracción de menores y violencia familiar; y Martín Lagunes Heredia, candidato a la presidencia municipal de Manlio Fabio Altamirano por Movimiento Ciudadano, acusado de ser deudor alimenticio y denunciado por violencia política de género.
Al respecto, los partidos o han hecho caso omiso o han dicho que el que se les señale por los delitos que ellos mismos cometieron se trata de “ataques de sus adversarios”.
El grave incremento en la incidencia de violencias en contra de las mujeres en todo el país exige que todas las partes asuman responsabilidades específicas. Y en un estado que se ha ubicado reiteradamente en el primer lugar nacional de feminicidios, ante la evidencia de violencias múltiples cometidas en agravio de las mujeres, el que un partido postule sujetos identificados como agresores manda el mensaje de que los protegen. Y entonces, ¿cómo podemos votar por ellos?
Desde luego éstas no son las únicas violencias que han cometido en contra de nosotras en el actual proceso electoral. En el Cuarto Informe de Violencia Política en México, la consultora Etellekt muestra que 88 políticos han sido asesinados en este proceso, 34 de los cuales ostentaban alguna candidatura. En Veracruz, al deleznable asesinato de Gladys Merlín y Carla Enríquez le han sobrevenido las renuncias de varias candidatas por amenazas, la desaparición de una candidata a regidora que había denunciado violencia política, así como otras muchas denuncias presentadas y las que están por venir.
Ser candidata no puede ni debe costarnos la vida o poner en riesgo nuestra seguridad y la de nuestras familias. Pero no solo a ellas.
En defensa de la paridad y de la democracia igualitaria y plena de derechos que estamos construyendo, este proceso electoral, tan doloroso y padecido, no podría concebirse sin la valiente defensa que desde la sociedad civil hemos emprendido las organizaciones feministas que nos hemos multiplicado por miles para exigir garantías a quienes son candidatas.
Esta osadía también nos ha salido cara. Callar al mensajero es una vieja práctica de las fuerzas más oscuras de un sistema patriarcal y criminal al que no le gusta ser exhibido ni enfrentado. Pero nosotras, las que hacemos política feminista acuerparnos como la legión que somos ha sido un ejercicio de sobrevivencia. Ya llegará el momento de contar también estos otros agravios como otro de los rostros de la violencia política.
Respecto del proceso y las candidaturas, está pendiente hacer un recuento completo de los casos de violencia política ocurridos, porque falta que las distintas instancias que reciben las denuncias aporten su información para tener indicadores globales. Pero cuando llegue momento de hacer el balance general, habrá sin duda que incluir entre los agravios el que en Veracruz el partido Fuerza por México incumplió con la paridad, postulando a más hombres que mujeres para sus candidaturas, lo que es absolutamente inaudito y genera en sí mismo un grave retroceso de uno de los derechos políticos más importantes que hemos alcanzado y al que no vamos a renunciar: la paridad.
A estas violencias hay que añadir la postulación ornamental de mujeres que violentan trayectorias de militantes y que, ya sea por su fama o su parentesco, accedieron a la candidatura sin una representación auténtica, lo que aunado al regreso de las “juanitas” y a la sistemática falta de agendas reales que incluyan acciones serias para las mujeres y en favor de la igualdad, han banalizado enormemente una problemática social profunda.
Aun cuando pareciera que la alta dosis de violencia general que ha acompañado a las campañas fuera un factor suficiente para desalentarnos, no podemos caer en el desánimo y dejar de ver lo mucho que hemos logrado.
Ninguno de los derechos que hoy tenemos nos ha sido regalado. Son generaciones de lucha, de sangre derramada, de sueños construidos para hoy gozar de derechos que exigimos sean cumplidos. Hoy muchas mujeres dejaron el miedo de lado. Y otras con todo y el miedo dijeron “yo sí quiero” y se postularon. Algunas de ellas van sin dinero, sin apoyos, sin experiencia, pero con toda la voluntad de transformar su entorno.
Pero no solo las mujeres candidatas hacen política. La hacemos todas en nuestra calidad de ciudadanas. Si somos casi el 52 por ciento de habitantes en este país y el 55 por ciento de quienes votan. Es momento de hacer que nuestro voto cuente y valga.
Sí, nos quedaron a deber. Vamos a cobrárselos.
@MonicaMendozaM