Miguel Ángel Gómez Ruiz
Contrapunto
Tal y como se dio a conocer en la columna anterior, la situación actual de la presidente del Poder Judicial del Estado de Veracruz (PJEV), Isabel Inés Romero Cruz, es muy delicada, por haber desacatado las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al no reinstalar al magistrado Roberto Dorantes Romero.
No sólo fue multada por una cantidad no revelada, sino que podría pagar una pena de hasta 10 años de prisión si no corrige su actuar.
Inclusive, se tendría que separar del cargo a la magistrada Lizbeth Aurelia Jiménez Aguirre que fue la que ocupó el puesto de Dorantes Romero luego de su destitución, por haber cumplido 70 años.
Jiménez Aguirre será recordada por haber sido manipulada por el Poder Judicial y el Consejo de la Judicatura para encarcelar a dos empresarios que denunciaron acoso y amenazas por haber denunciado actos corruptos de la titular de la Comisión Nacional del Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara. La magistratura habría sido el pago.
Sin embargo, en las últimas horas y quizá de manera mal intencionada, del Poder Judicial se filtró información de que el magistrado Roberto Dorantes Romero cobraría poco más de dos millones de pesos en salarios atrasados desde su destitución. Nada más falso.
Y es falso no sólo porque los magistrados que no forman parte del grupo del gobernador Cuitláhuac García Jiménez no ganan tanto dinero, sino porque con esa información ponen en riesgo la integridad de Dorantes Romero. Habrá que esperar las acciones en contra de Isabel Inés Romero Cruz.
Suena repetitivo pero ese tipo de líos siempre han seguido a presidente, pues hace algunos años, cuando era trabajadora en el Poder Judicial violó la ley de Amparo al ocultar un amparo obtenido por familiares de un reo.
En ese entonces, fue descubierta por la magistrada Teresita Álvarez, quien la despidió de inmediato, sólo que Isabel Inés corrió a la oficina del entonces presidente Julio Patiño y éste, para evitar problemas, la envió a un juzgado lejano.
Pero esta no es toda la historia. Dentro del Poder Judicial, invadido por magistrados morenistas sin ningún tipo de experiencia o carrera judicial, hay corrupción y manoseo de la justicia. Lo mismo ocurre en el Consejo de la Judicatura, en donde el representante del Poder Legislativo, Humberto Hernández Reducindo, impuesto por los diputados Juan Javier Gómez Cazarín y Sergio Hernández, ha realizado todo tipo de actos dignos de que algún día permanezca tras las rejas.
Imposiciones de jueces y cobros de cuotas ha sido la constante, no sólo por Isabel Inés, sino por Hernández Reducindo, a la vez responsable de que la SCJN haya invalidado varias leyes aprobadas por la mayoría morenista en el Congreso local.
Más aún, varios jueces han estado a disposición de Isabel Inés y el propio Consejo de la Judicatura, para meter a la cárcel a varios candidatos de la coalición “Va por México” y “Veracruz va”, entre ellos Rogelio Franco Castán, Gregorio Gómez y Nicolás Ruiz Rozet.
Otro de los temas que se manejó en los últimos días fue que a cada magistrado morenista -21- se les había solicitado la cantidad de 100 mil pesos para apoyar a Morena en el proceso electoral, con todo y que es el partido que más recursos maneja en las campañas. Ello fue negado por varios magistrados morenistas y lo gracioso fue que a final de cuentas reconocieron que la anterior presidente, Sofía Martínez Huerta sí pedía moches. Al final, nunca aclararon si pagaron las cantidades solicitadas.
Otro tema y muy grave es el de la pandemia de covid-19, pues continúan los contagios y no hay planes de acción para sanitizar oficinas, juzgados y bodegas y el detalle es que están en riesgo trabajadores, abogados y justiciables.
Varios empleados reconocieron que están al garete, ni sus líderes sindicales han dicho algo sobre el tema y el caso es que hay riesgo inminente de contagios y muertes.
No se gasta en equipos de limpieza, ni aparatos sanitizadores, termómetros, guantes, nada. Peor aún, a pesar del maltrecho programa de vacunación en el país, el virus permanecerá para siempre y entonces, se requerirá un plan de vacunación anual y por supuesto, más acciones de limpieza.
Y el tema de la justicia digital no está en la agenda de nadie de los jefes del Poder Judicial, ni en Isabel Inés, ni en Humberto Hernández Reducindo, ni en Juan Javier Gómez Cazarín, ni mucho menos en el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, eso no interesa, la justicia es lo que menos les interesa.