Felipe de Jesús Fernández Basilio
Desde A Janela
Ya se habían tardado en entrar a saco en el Poder Judicial del Estado de Veracruz.
Así es queridos lectores, a la institución impartidora de justicia en la entidad le llegó la hora de encogerse para que parte de su presupuesto sea desviado para pagar brigadas de Servidores de la Nación (quienes no son ni servidores ni mucho menos la nación es la destinataria de sus servicios), programas asistenciales inútiles para combatir de raíz la pobreza, pagos de elefantes blancos o simplemente para engordar los bolsillos de los titiriteros que desde los Palacios de Gobierno y/o Legislativo mueven los hilos en el poder judicial de la entidad, siendo lo más probable que la razón sea todo lo anterior junto.
Tal vez se pregunten por qué inicio esta colaboración con tanta dureza, pues permítanme explicarles que el 30 de junio de 2021 el Consejo de la Judicatura incumpliendo olímpicamente con sus deberes de administrar el Poder Judicial emitió un acuerdo en el que so pretexto de la implementación de juzgados del trabajo a su cargo debe de iniciar una «reingeniería» administrativa y como consecuencia de ella, cerrar la friolera de 29 órganos jurisdiccionales.
Como consecuencia de ello, los veracruzanos iniciamos julio con 29 juzgados menos en todo el estado, siendo la mayoría de ellos especializados en materia familiar que es en donde hay más problemas que resolver de manera urgente y cuyos asuntos regresarán a un juzgado mixto civil, con lo cual se causa un doble daño a las familias veracruzanas, ya que por una parte dejará de haber órganos jurisdiccionales especializados en resolver sus problemas y por la otra sólo habrá un juzgado en donde antes había dos y ese único juzgado deberá de resolver esos asuntos y los que ya tenía por lo que naturalmente, la impartición de justicia será más lenta.
Pero no solo en el Consejo de la Judicatura se cargaron con la especialización familiar, sino que también acabaron con la incipiente introducción de la impartición de justicia en línea al cerrar los dos juzgados digitales que operaban en la entidad y así mismo con la descentralización que consistía en acercar juzgados a comunidades lejanas a la cabecera de los distritos judiciales al eliminar los juzgados micro regionales.
Con esta medida tomada por el consejo de la Judicatura local y tratada de justificar por su presidente, quien aparte de ocupar de manera espuria ese cargo se comporta como un verdadero títere de quienes la pusieron, el Poder Judicial de Veracruz da un salto para atrás como en ninguna otra parte de México se ha visto.
Mas no hay que confundirse, la decisión fue tomada con criterios políticos y no técnicos debido a que la razón fundamental para tal despropósito es quedarse con el presupuesto destinado a esos órganos jurisdiccionales, no hay otra explicación para ello, ya que las razones supuestamente «técnicas» que dieron solitas se caen.
La necesaria e inminente creación de juzgados del trabajo nada tiene que ver con el cierre de otros juzgados y muestra de ello es que cuando se hizo una reforma judicial de igual o mayor calado como lo fue la del sistema penal, ésta se hizo de manera progresiva creando gradualmente los juzgados del nuevo sistema y cerrando de la misma manera los del viejo y todo de acuerdo a la carga de trabajo que unos y otros fueron teniendo, más nunca se afectó a los juzgados de otras materias ni tampoco se frenó la expansión del poder judicial.
En Veracruz la población crece y con ella las necesidades también crecen y por ello el poder judicial debe de crecer también y no contraerse y si es necesario crear juzgados especializados en el trabajo, entonces el presupuesto debe de aumentarse para poder ponerlos en funcionamiento sin afectar a los juzgados especializados en otras materias que ya existen.
Ahora bien, si lo que se pretende es ahorrar un poco de dinero para la implementación de esos juzgados, ¿Por qué no seguir las enseñanzas de su jefe político y «barrer de arriba hacia abajo», viendo lo que no sirve en el Tribunal Superior de Justicia?
Ahí tenemos a la Sala Constitucional que tiene una utilidad ligeramente superior a la nada y que sin embargo cuenta con tres magistrados cuyos sueldos son lo más caro que se paga en impartición de justicia y quienes además cuentan con una burocracia personal que no se justifica debido a la pequeñez de su carga de trabajo.
También en el Tribunal Superior de Justicia existe un área totalmente inútil y que mantiene a unos verdaderos zánganos que son los llamados Magistrados Visitadores, quienes como su nombre lo indica, cobran como magistrados y su trabajo consiste en pasear por el estado sin tener una función más allá de pavonearse en los juzgados que visitan, ya que la supervisión y disciplina de los juzgados está a cargo del Consejo de la judicatura y esos magistrados no tienen que hacer nada ahí.
¡Ah, pero esos no se tocan!, porque se trata de magistrados que a la sociedad no le sirven para nada, pero al gobierno sí, ya que esos magistrados representan votos para controlar el poder judicial.
En conclusión, la medida consistente en cerrar 29 juzgados que eran útiles para la impartición de justicia fue otro atraco de la versión jarocha de MRN (la peor de todas las que hay en el país y que consiste en golpear a traición y sin respeto alguno por la ley); ya que en un solo día publicaron el acuerdo de cierre para que entrara en vigor al siguiente y sin respetar derechos de justiciables, de empleados y las disposiciones legales aplicables a cada materia y todo para quedarse con el presupuesto destinado a esos órganos jurisdiccionales.
¿O acaso hay otra lectura posible para semejante despropósito?
felfebas@gmail.com
Twitter: @FelipeFBasilio