Miguel Ángel Gómez Ruiz
Contrapunto
Desde que inició su administración, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez puso su atención en el Poder Judicial. Aunque prometió que haría una administración austera y honesta, ha sido el mandatario quien más ha violentado la autonomía del Poder Judicial.
Primero, propuso a trece personas, la mayoría sin carrera judicial y con un profundo desconocimiento de la ley, como magistrados. De allí, logró –apoyado por sus escuderos Eric Cisneros y Juan Gómez Cazarín- que fuese ascendida a presidente Sofía Martínez Huerta, a quien después desconoció y lanzó una jauría para deslegitimarla y destituirla.
Posteriormente propuso a otras seis personas como magistrados, entre ellos a Ailett García Cayetano, su comadre y esposa del titular de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, Elio Hernández, de quien los constructores veracruzanos se quejan que no tiene nivel siquiera de jefe de departamento.
Luego propuso a otros tres, sin carrera judicial y como pago de cuentas. Esa ha sido quizá, la principal intromisión de un gobernador sin brillo y con muchos traumas y defectos.
Ahora, de acuerdo a información vertida por la periodista Noemí Valdéz, realizó una nueva intromisión en el Poder Judicial, al tratar de influir para que la presidente, Isabel Inés Romero Cruz, convenza a los magistrados a que se reduzcan un 30 por ciento de su salario, por lo menos de aquí a diciembre.
La intervención del mandatario, así como las de Cisneros y Gómez Cazarín ha sido brutal en el Poder Judicial que no ha gozado de independencia desde que ellos asumieron el poder. Destituyeron a gente capacitada, hicieron a un lado a algunos magistrados que por lo menos conocían la ley, colocaron a sus alfiles en posiciones clave dentro de ese poder y han influido hasta en el contrato de limpieza.
Han influido tanto que la presidente Isabel Inés Romero Cruz, llena de desconocimiento y vasta en torpeza, se ha visto rebasada por los personajes antes citados y hasta por el representante del Poder Legislativo, Humberto Hernández Reducindo, que ha hecho lo que ha querido allí en el Consejo de la Judicatura.
La presidente propone la reducción de salarios y no dude usted que habrá varios ofrecidos sin dignidad que aceptarán la propuesta, pese a que la ley protege a los magistrados, todo sea por tener contento al patrón, pero todos los magistrados deben entender que forman parte de un poder autónomo y que se las tienen que arreglar como sea para resolver el tema de los recursos.
Hay que recordar que el Poder Judicial recibió menos dinero para 2021 y ahora tuvieron que perjudicar a trabajadores, abogados y justiciables al quitar 29 juzgados, la mayoría en materia familiar para imponer los juzgados en materia laboral. Se dice que ahorrarán 22 millones de pesos con ello, pero ocasionarán un grave daño a todos aquellos que buscan justicia, sin duda.
Pero seguirán cometiendo graves errores si creen que deben pagar al gobernador el favor que les hizo al convertirlos en magistrados, pues la mayor parte desconocen la ley y han contribuido a que la mediocridad reine allí y todo porque han intervenido los que menos saben, porque algo es cierto, Cuitláhuac García Jiménez es gobernador gracias al efecto AMLO, de lo contrario, no hubiera ganado ni en su casilla.
La propia Isabel Inés Romero Cruz, quien fue grabada durante la reunión que sostuvo con los magistrados quizá esté inconforme y hasta pretextó que ni siquiera comió de la preocupación, pero lo cierto es que no tiene autoridad ni voz de mando en ese lugar, cuando debiera ser ella la que debería defender la autonomía del Poder Judicial.
La medida de reducción salarial es voluntaria, por supuesto que no todos los magistrados aceptaron esa medida, pero habiendo tantos ofrecidos, sin personalidad ni dignidad, tenga por seguro que la reducción salarial procederá.
Por otra parte, es importante que se revise cada peso gastado y, sobre todo, si hubo con anterioridad malos manejos. Sabemos que Edel Álvarez hizo de las suyas y si se le comprueban malos manejos debe enfrentar la justicia. Pero también es importante que partan de cero, que no echen culpas sólo por librarse, se tiene que limpiar al Poder Judicial, sin que otros poderes hagan de las suyas.
No cabe que en este momento las quejas sean por la falta de dinero, siendo que desde el año pasado se aprobó un presupuesto en el que todos esos gastos estaban contemplados. De ser así, se corre el riesgo de que haya más despidos y el Poder Judicial siga cayendo al abismo.
Covid-19
Siguen las denuncias de que poco o nada se hace para prevenir contagios de covid-19 en los juzgados. En la reunión a la que hacemos referencia sobre la reducción salarial, la presidente Isabel Inés Romero dijo que la sanitización de oficinas y juzgados ha sido fiada, pues no tienen recursos para pagarla.
La solución sería solicitar una ampliación presupuestal, pero ello pegará en el ego de la magistrada, que no tiene capacidad de resolver.
Sin embargo, el riesgo sigue y los trabajadores, los abogados y los justiciables peligran porque el riesgo persiste. Imagine usted un juzgado en el que no sirve el aire acondicionado, que no hay restricciones para que haya sobrecupo de personas y encima, que no haya ni gel para que se limpien las manos, todo ello es un riesgo y muy alto.
Contagios en áreas de gobierno
Del mismo modo, hay abogados que se quejan que hasta en las áreas del estado, es decir, en las Juntas de Conciliación y Arbitraje hay riesgo de contraer covid-19, como ocurrió en la Junta Especial número 9, en la que se habla que ha habido muchos contagios. Vaya, se rumora que hasta el presidente de las Juntas locales está internado.
Jefes, empleados, abogados y justiciables se contagiaron y varios hasta al hospital fueron a dar. Al parecer se cerró el acceso.
Lo grave no es sólo que ya esté una tercera ola de covid-19 en el país y en nuestro estado, sino que el tema siga siendo tratado como si no ocurriera nada, esa ha sido la forma en la que la cuarta transformación ha enfrentado el tema del coronavirus.