Xalapa
El Poder Judicial del Estado de Veracruz (PJEV), se vino abajo desde que asumió el poder el actual gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez.
De por sí ya había falencias durante la gestión del entonces presidente, Edel Álvarez Peña, de quien se dice que se habría beneficiado con recursos económicos por la construcción de ciudades judiciales en distintas zonas de la entidad.
Sin embargo, todo empeoró cuando Álvarez Peña tuvo que dejar la presidencia aún y cuando podría haber extendido su período. Los desacuerdos con el gobernador propiciaron su salida. A partir de allí, ha habido omisiones, errores y malas decisiones dentro del Poder Judicial.
En diciembre de 2019 fue electa presidente Sofía Martínez Huerta, sin los merecimientos. Laboró en un juzgado en Coatepec y no estaba a la altura de su adversaria, Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros.
Posteriormente, comenzó el nombramiento de personas ajenas a la actividad judicial, su nuera, Mayra Angélica Martínez Juárez hizo de las suyas. También uno de sus hijos se apoderó del área de Comunicación Social y vinieron los desacuerdos.
Uno de los magistrados que propuso a Martínez Huerta para la presidencia fue Marco Antonio Lezama Moo, quien tenía el derecho de ampliar por cinco años su período como magistrado. Por el contrario, pese a que estaba amparo para evitar el retiro forzoso, fue destituido, pues los diputados locales comandados por Juan Javier Gómez Cazarín, nombraron como magistrados a varias personas sin tener carrera judicial.
Marco Antonio Lezama Moo fue sustituido por María Lidia Viveros Ramírez, abogada sin experiencia judicial y que desde su juventud es amiga del gobernador Cuitláhuac García Jiménez.
Hace apenas unos días, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del estado de Veracruz, resolvió que los diputados locales de Morena, violaron la ley al removerlo de su cargo. Por tal motivo, los legisladores podrían ser ir a prisión y además, ser inhabilitados, pues cometieron un delito federal, por no respetar el amparo que había obtenido el jurista.
El Tribunal resolvió la queja 21/2021 el 17 de junio al constatar que el 7 de junio de 2020 el Congreso removió del cargo a Marco Antonio Lezama Moo que ya contaba con una suspensión definitiva tras el juicio de Amparo de 2019.
Pese a que la resolución fue que el magistrado no fuese retirado, separado o cesado, los diputados violentaron la ley y nombraros magistrados a las seis propuestas que envió el gobernador del estado, entre ellas, su compadre Aileth García Cayetano.
Ahora, la resolución del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del estado de Veracruz, resolvió que independientemente del resultado final del Juicio de Amparo, al violarse la suspensión definitiva, debió haberse denunciado el incumplimiento ante el Ministerio Público Federal, lo que ahora ocurrirá.
En poco más de dos meses, la mayoría de los diputados de Morena, Partido del Trabajo y el Verde Ecologista dejarán sus cargos y podrían ser capturados y llevados a prisión, además de que serían inhabilitados.
Cabe añadir que tanto Sofía Martínez Huerta ni Isabel Inés Romero Cruz obedecieron o tomaron en cuanta la resolución de los tribunales federales, mucho menos los diputados locales, por instrucciones del presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Javier Gómez Cazarín, en cuya gestión han perdido más de 30 controversias ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En este momento, el Poder Judicial del Estado de Veracruz se encuentra en una grave crisis económica y administrativa, pues el presupuesto anual de 1 mil 604 millones de pesos ya fue gastado y peligra el pago de nóminas para los próximos meses. Del mismo modo, no se encuentran los recursos del Fondo de Mejoramiento para la Infraestructura, o sea más de 600 millones de pesos.
Se espera que en las próximas semanas, recupere su cargo el magistrado Marco Antonio Lezama Moo.
