Miguel Ángel Gómez Ruiz
Contrapunto
La desaparición de juzgados de lo familiar en la entidad provocó la reacción de muchos abogados que se oponen a ello pues ahora los asuntos tardarán más, tomando en cuenta que hay niños que requieren de recursos económicos para salir adelante, al igual que sus madres como es el caso de las pensiones.
Una lucha tan dura que se efectuó por años para que los que menos tienen tuvieran acceso a la justicia y todo se vino abajo no sólo por la torpeza de la presidente del Poder Judicial, Isabel Inés Romero Cruz, sino por la intervención del gobierno estatal y de los diputados locales.
Después de casi tres años, el saldo que ha dejado el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, secundado por el líder del Congreso, Juan Javier Gómez Cazarín, ha sido, una grave deuda ocasionada por la corrupción en la construcción de ciudades judiciales; la desaparición del Fondo Auxiliar para la Impartición de Justicia; la llegada de 22 magistrados sin preparación ni carrera judicial y decenas de empleados que le cuestan mucho dinero a la población. Entre otras cosas.
Habría que agregar una mala asignación presupuestal, pues al Poder Judicial le correspondían en 2021 alrededor de 2 mil 200 millones de pesos y el gobierno estatal y los diputados de Morena determinaron aprobar tan sólo mil 604 millones de pesos. La nota sobre esto es que ya no hay dinero.
La desaparición de 30 juzgados a lo largo y ancho en la entidad entorpecerá más la administración de justicia y serán los más pobres los que sufrirán por ello.
Hay que agregar las omisiones, desprecios y malos tratos de empleados del Poder Judicial en cualquier parte de la entidad. Empleados de confianza o sindicalizados, la gente les vale lo mismo.
Pongo como ejemplo un caso que ocurrió en la Oficialía de Partes, en las que dos mujeres –sin la mínima preparación- además de arribistas y con mala fe, Dania Iveth Arenas y Laura Ostos, empantanan los asuntos, como fue el caso de un asunto de alimentos, en las que la acreedora tiene más de 100 años, con muchas necesidades de alimentos y medicamentos. La juez y la auxiliar dictan acuerdos a lo tonto, como si no conocieran el Artículo 17 Constitucional. Así de mala es la administración impartida por gente sin experiencia, ni conocimientos, dañando a quien le urge la justicia.
Son miles de casos de lo familiar que requieren de tiempo y espacio y ahora con el cierre de juzgados, los asuntos también se empantanarán. Habrá un retraso grave y los perjudicados serán, como siempre, mujeres y niños.
La justificación de Isabel Inés Romero Cruz es que no había muchos asuntos qué atender y, además, está la urgencia, dijo, de implementar los juzgados en materia laboral que, según se ha informado, no era tan necesario que se implementaran este año, sino hasta el próximo, pero así es la forma de trabajar de la quizá, peor presidente que ha tenido el Sistema Judicial de Veracruz y mire que superar a Sofía Martínez Huerta no era una tarea fácil.
Por otra parte, la titular del Poder Judicial, que por cierto ya estaba jubilada y ya tiene 70 años, quiere que los diputados locales aprueben que se modifiquen los contratos para la construcción de ciudades judiciales, por lo menos por 27 años.
La grave corrupción en el tema de las ciudades judiciales, asunto heredado por Edel Álvarez Peña dañó también al Poder Judicial. Ahora lo que se busca es aumentar los plazos y modificar contratos para el diseño y construcción, equipamiento, conservación y mantenimiento de 20 centros de impartición de justicia en la entidad.
De 2018 a la fecha se pidieron préstamos por más de 650 millones de pesos y estos –presumiblemente- se pagarían hasta 2047, mientras tanto, el tema de los presupuestos y asignaciones de recursos no queda muy claro, pues a la población ya no le resulta suficiente el discursito de que en Morena todos son honrados.
Se sabe, en una nota publicada por Notiver y escrita por Noemí Valdéz, que las ciudades judiciales van a costar cuatro veces más que lo que se cotizaron en un principio. Eso es grave, sin duda.
Habrá que pedir cuentas, sin importar que los tres poderes estén invadidos por gente sin experiencia y que fue colocada allí para cubrir apariencias. Sin importar que hasta el Órgano de Fiscalización, que depende del Congreso local, también sea manejado por Morena. Tiene que darse ese momento en que haya cuentas claras y se castigue a los que se están robando el recurso de los veracruzanos.