Xalapa
Esta madrugada del 11 de agosto ha ocurrido una nueva alteración a los procesos legales, la presunción de inocencia y la correcta impartición de justicia, confirmando que el revanchismo político en Veracruz es la Ley misma.
La emisión de una nueva orden de aprehensión contra Rogelio Franco Castán, ahora por delitos como “extorsión, abuso de autoridad y contra la administración de la justicia” en agravio de Arturo Bermúdez Zurita, ex secretario de Seguridad de Javier Duarte es, sin lugar a dudas, la más clara prueba de colusión que involucra al gobierno de Cuitláhuac García con el cobro de favores en beneficio de personajes ligados a la corrupción.
Ahora encontramos una vez más que la Cuarta Transformación, no obstante haber dicho que combatirían estas prácticas, terminaron ejecutando venganzas políticas propias y ajenas, incluso a favor de ex duartistas.
Es importante destacar que, además, esta nueva orden proviene de una carpeta armada de manera exprés, en cuestión de horas, como respuesta al amparo ganado por Rogelio hace apenas unos días, donde la Justicia federal resolvió la injustificada y excesiva detención de la que fue víctima, anulando la medida cautelar de prisión y resolviendo continuar su proceso en libertad.
Asimismo, no existió una sola notificación sobre esta supuesta denuncia interpuesta contra Franco, ni de la carpeta que hoy aparece como por arte de magia.
De esta manera se consuma un nuevo atraco a la dignidad y los Derechos Humanos de Rogelio Franco Castán, sentando un nuevo precedente en Veracruz vinculado al uso faccioso del poder, la Ley y la anulación total de la justicia, a favor de intereses particulares.
En el PRD condenamos enérgicamente estas prácticas y señalamos directamente al Gobierno del Estado, encabezado por Cuitláhuac García Jiménez, como los responsables de esta cacería política en agravio de la voz libre que representa Rogelio, así como de todo el movimiento opositor al régimen actual.
De igual forma, exigimos con fuerza que se respete el debido proceso y se actúe con apego a Derecho, primeramente, tomando en cuenta lo resuelto por la Justicia federal, desde donde se confirmaron los abusos e irregularidades que han envuelto el caso contra Rogelio, convirtiéndolo desde un principio, en un preso político irrebatible.
Basta de utilizar la Ley a modo y antojo de intereses mezquinos, para el cobro de favores y ejecución de venganzas políticas.
La justicia, debe regresar urgentemente a Veracruz.
