Ciudad de México
El GPPRD exigió a la Fiscalía General de Veracruz dejar de inventarle más delitos a su diputado federal electo Rogelio Franco Castán, liberarlo de inmediato y desistirse de las acusaciones que presentó en su contra, pues el “delito de ultrajes” que se le imputa, por ejemplo, es inconstitucional y además él cuenta con amparo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Le reclamó además a dicha Fiscalía, así como al Juez de Control Adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Primer Distrito Judicial de Xalapa, con sede en Pacho Viejo, Gregorio Esteban Noriega Velasco, dejar de continuar con la farsa de juicio penal en fontra del legislador perredista, tal como lo hizo este jueves.
Ahí, este juez grotescamente se pronunció sobre una presunta comisión de los delitos de extorsión, abuso de autoridad y contra la administración y procuración de justicia por parte de Franco Castán.
Supuestamente el líder perredista veracruzano cometió esos ilícitos en agravio de Arturo Bermúdez Zurita, quien fue Secretario de Seguridad Pública en la administración de Javier Duarte, por lo cual queda de manifiesto que en realidad se trata de una venganza política del ex gobernador a través del actual mandatario, Cuitláhuac García, a quien le financió la campaña electoral.
Para el GPPRD es sumamente grave que el juez haya ordenado la prisión preventiva justificada como medida cautelar contra Franco Castán sin que la Fiscalía lo haya justificado legalmente, como era su obligación.
Con todas estas acciones, Duarte de Ochoa y Cuitláhuac García Jiménez pretenden impedir, adicionalmente, que Franco Castán asuma la diputación federal que le fue asignada por los votantes veracruzanos y que desde esta sede legislativa continúe denunciado las tropelías de Duarte y García.
Queda así de manifiesto que Rogleio Franco es un preso político víctima de la persecución del ex gobernador y del actual gobernador.
El GPPRD recuerda que Franco Castán fue aprehendido inicialmente por el “delito de ultrajes”, el cual fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el Amparo Directo en Revisión 2255/2015.
Por tanto, con motivo de la concesión de amparo dentro del juicio de garantías 121/2021-I, debiera estar en libertad, pues en dicho amparo se ordenó reponer la audiencia para ofrecer todos los datos de prueba para que estos sean debidamente valorados por el juzgador.
La Fiscalía, entonces, le formuló nuevos cargos y el mencionado Juez de Control se pronunció indebidamente al respecto. Con ello queda evidenciado su manejo faccioso de la justicia, lo mismo que el del Ministerio Público estatal.
Ante ello, el GPRPD les exite dejar de actuar de manera ilegal, inconstitucional y arbitraria, así como dejar de convertir las audiencias en una farsa para seguir imputando más delitos al diputado federal Francó Castán, a quien deben liberar de inmediato en lugar de servir a las vendettas políticas de Javier Duarte, cuya gobierno corrupto combatió el perredista.
Para el próximo lunes 16 de agosto está programada la segunda parte de esta farsa de audiencia. El GPPRD exige que en ella, la Fiscalía se desista de los cargos y que el juez ordene la inmediata liberación del diputado Franco Castán.