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Xalapa
Este martes 17 de agosto se ha confirmado la crisis judicial en Veracruz. Tanto la procuración como la impartición de Justicia, hoy en la entidad, es una utopía que ha alcanzado un grado victimario de ejecución.
Y no es para menos, considerando el desastre interno que ha exhibido este Poder del Estado, favoreciendo intereses perversos que han derivado en cambios drásticos dentro de su funcionamiento.
Primeramente, con la imposición de la ahora ex Magistrada Presidenta Sofía Martínez Huerta en 2019, destituida e inhabilitada año y medio después por el Congreso local, luego de ser acusada por usurpar funciones del Consejo de la Judicatura, en agravio del juez Clemente Zorrilla.
Posteriormente, la nueva imposición desde el Ejecutivo, para colocar a Isabel Inés Romero Cruz, quien se ha visto envuelta en un clima de manipulación desde el Gobierno estatal para beneficiar asuntos políticos y no justiciables.
Este entorno, en definitiva, ha enrarecido y nulificado la autonomía del Poder Judicial, ante los ojos de la opinión pública y las instituciones.
Sin embargo, el caso de Rogelio Franco Castán, detenido y procesado -según la justicia federal- de manera “injustificada y excesiva”, se ha convertido en el marco de un conflicto superior a todo orden Constitucional, de Derechos Humanos y debido proceso, en el cual, ha quedado al descubierto la impunidad con que se maneja el Poder Judicial del Estado de Veracruz.
Por ello, desde la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática exigimos de manera enérgica a Isabel Inés Romero Cruz, presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz, a que dé manera inmediata y en apego al mandato que le ha sido conferido como titular de la correcta impartición de la justicia en el estado; cumpla con los protocolos y termine con la coacción de jueces y personal judicial, en favor de venganzas políticas.
Veracruz se encuentra sumido en una crisis de incertidumbre generada por el ambiente hostil y de persecución hacia figuras que, como Rogelio Franco, representan la voz de la inconformidad, la crítica y la lucha en favor de mejores condiciones para la sociedad.
Es impermisible continuar utilizando a los Poderes del Estado como el Legislativo y el Judicial, como brazos ejecutores en asuntos meramente políticos que, incluso, han alcanzado ahora a beneficiar ex funcionarios de administraciones pasadas como la de Javier Duarte.
La nueva vinculación a proceso dictada contra Rogelio por el juez estatal Gregorio Esteban Nuruega Velasco, no es una buena demostración de procuración ni de impartición de justicia expedita. Es la clara muestra de un estado dominado por el resentimiento, autoritarismo y el pago de favores políticos.
Basta de ser presos de quienes fueron elegidos para servir.