Miguel Ángel Gómez Ruiz
Contrapunto
Los próximos meses serán cruciales para saber si realmente se compondrá el Poder Judicial o personas externas como el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, seguirán invadiéndolo para continuar su destrucción.
Por lo pronto, se rumora que entre diciembre de este año o abril de 2022 se dará la salida de la presidente Isabel Inés Romero Cruz, quien sin pena ni gloria sigue allí, pese a que el citado poder se devaluó hasta lo indecible.
En este momento, se aplican ahorros para evitar el desastre económico y presupuestal, luego que la propia presidente se abstuviera de presentar una controversia por el hecho de que les aprobaron un presupuesto menor.
De hecho, pese a que se aplican ahorros por el “buen corazón” de 21 magistrados (as) que llegaron gracias a la buena suerte de ser cercanos al gobernador García Jiménez, ese ahorro no sobrepasaría los 10 millones de pesos. Y pese a que se dijo que no impondría el descuento salarial a todos los magistrados, ya una les ganó un amparo y se le tendrá que pagar su sueldo completo. Se trata de Beatriz Rivera Hernández.
Para resolver los problemas económicos, se requerirán por lo menos 500 millones de pesos, un poco menos de lo que el Poder Judicial debió recibir este año.
Llama la atención que en sólo siete meses se haya agotado un presupuesto de mil 604 millones de pesos y peor aún, que también se hayan agotado los recursos del fondo de mejoramiento de justicia, que rondaba los 700 millones de pesos.
Hay sospechas de malos manejos del citado fondo con el tema de las ciudades judiciales y encima, no hubo una auditoría profunda cuando dejó el cargo la entonces presidente Sofía Martínez Huerta, algo en lo que debió mostrar interés Isabel Inés Romero Cruz, que muy campante ocupa un cargo sin tener la carrera judicial y los conocimientos, pues ella misma declaró que apenas le estaban enseñando ese tema en su oficina.
Con Sofía Martínez Huerta ocurrió que su familia –que se sentía dueña del Poder Judicial- hubo malos manejos, entre ellos la desaparición de más de 60 millones de pesos. Vaya, desde los primeros días de su administración se manejaron recursos de un lado para otro. Quizá nunca sepamos las cosas porque así ha ocurrido siempre en nuestras instituciones.
Castigos, despidos y cárcel
Pero lo que llama la atención es el hecho de que estando en el poder, tanto el gobernador Cuitláhuac García; el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Legislatura veracruzana, Juan Gómez Cazarín y la propia presidente Isabel Inés Romero Cruz se pasaron por el arco del triunfo los resolutivos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al no devolver sus cargos a los magistrados Roberto Dorantes y Marco Antonio Lezama Moo.
Esto se tiene que decir, porque ya se le avisó tanto a la presidente de la Legislatura, Adriana Paola Linares Capitanachi y a la propia Isabel Inés Romero Cruz que serían acreedoras a sanciones por negarse a devolverles sus magistraturas.
Es natural que ambas se hayan equivocado, no conocen la ley y lo que es peor, ignoran que los resolutivos de la Suprema Corte ya no son impugnables. Se arriesgan a ser destituidas y a ir a prisión.
De momento no dicen nada porque se sienten protegidas por un gobierno que ignora la ley y la violenta cada que quieren. Pero una cosa es desconocer la ley y otra jugarle al pendejo para ver si pueden hacer algo para evitar que los magistrados vuelvan.
Los amparos de ambos magistrados ya causaron estado y eso quiere decir que tienen que ser reactivados, así de simple.
De no hacer caso, estaremos ante un claro caso de aplicación de la ley del monte, con un gobernador que desobedece a la autoridad y que protege a sus sirvientes.
Desastre escolar
Tan mal ha hecho las cosas Morena en los gobiernos federal y estatal que en el tema de las escuelas se les advirtió que era riesgoso que niños y adolescentes del nivel básico volvieran a las escuelas.
En varias zonas del país ya se presentaron contagios en las escuelas y no lo quieren admitir los morenos. Es cierto, hay maestros con covid y algunos alumnos ya se contagiaron. Es posible que en la escuela no, pero si llevaban covid-19 quedó demostrado que no sirve el que coloquen gel en las manos y midan la temperatura.
El gobierno federal ha ahorrado billones de pesos, según sus porristas, pero hasta ahora no hay pruebas de que haya tenido dinero para comprar vacunas o aparatos sanitizadores para colocarlos en las entradas.
Para que una escuela tenga condiciones para recibir a alumnos sin riesgo, debe haber aparatos sanitizadores, gel suficiente, mascarillas, guantes, alcohol, cubrebocas, papel sanitario, toallas húmedas y todo tipo de jabones y líquidos de limpieza. No todas las escuelas tienen dinero para eso, pero si contamos con un gobierno que ha ahorrado mucho dinero como el que presume, entonces bien podrían comprar lo ya mencionado.
Se debe entender que esta pandemia no es pasajera, estará mucho tiempo entre nosotros y habrá mutaciones del virus y cada vez se agravarán las cosas. El gobierno no puede mentir y decir que ya está controlada, pues somos el segundo peor país en mortalidad y no hay control de la misma. La vacunación va a cuentagotas y lo que es peor, no es la solución.
Veremos qué pasa, pero todo indica que muchas escuelas cerrarán y se tendrán que tomar clases en línea.