Miguel Ángel Gómez Ruiz
Ahora fue a la magistrada Concepción Flores Saviaga a quien le aplicaron una acción disciplinaria y a la vez, injusta. Pues la presidente del Poder Judicial de Veracruz, Isabel Inés Romero Cruz, ordenó que dejara su despacho de la sala octava de lo familiar, para convertirla en visitadora.
Una vez más, Romero Cruz se pasó la ley por el arco del triunfo, pues Flores Saviaga ya había logrado, mediante un amparo, la inamovilidad para mantenerse en su sala, luego de una seria de batallas por muchos años contra aquellos que intentaban bloquearla.
Queda confirmado que Isabel Inés Romero Cruz se ha jugado el pellejo con sus decisiones. Se sabe que antes que ella, son la directora administrativa Joana Marlen Bautista y el consejero Humberto Hernández Reducindo quienes dan las órdenes en el Consejo de la Judicatura.
Primero que nada, se hizo acreedora a una multa impuesta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y estuvo a punto de ir a la cárcel por no reponer en sus cargos a los magistrados Marco Antonio Lezama Moo y Roberto Dorantes Romero, que cuentan con amparos que ya causaron estado. Es decir, deben ser restituidos en sus cargos.
Posteriormente, obligó a la magistrada Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros, que durante 49 años se condujo con honradez, talento y disciplina, siendo además la única magistrada veracruzana en obtener el Premio Nacional al Mérito Judicial, a dejar su despacho y el Poder Judicial, olvidando que ella fue nombrada magistrada numeraria inamovible por un decreto en noviembre de 1997.
Y ahora, ejecutó su venganza al remover a Concepción Flores Saviaga, quien hace apenas unos días se inconformó por el hecho de que hubo un mal manejo de los recursos que provocó que en apenas siete meses se agotara el presupuesto de 2021. Tras aceptar que no sabía hacer cuentas, Romero Cruz dijo que pediría una ampliación presupuestal para los pagos de los últimos cinco meses del año.
Como presidente, la obligación de Isabel Inés Romero Cruz era presentar una controversia constitucional para los órganos jurisdiccionales obligaran al gobierno de Veracruz a entregar al Poder judicial el equivalente al dos por ciento de su presupuesto, tal y como lo marca la Constitución Política del Estado de Veracruz.
Del mismo modo, Flores Saviaga se opuso a la reducción salarial que propuso el gobernador Cuitláhuac García Jiménez que no debiera tener ninguna injerencia en el Poder Judicial por el hecho de que es un poder independiente, pero como el mandatario no tiene mucha capacidad cognitiva ha aprovechado eso para abusar de la ley para que todos sigan sus órdenes.
El salario de los magistrados está protegido –de igual forma- por la Constitución.
Cargos para los amigos y la familia
Resulta que, Tomás Antonio Francisco, secretario particular de Isabel Inés Romero Cruz, es quien toma las decisiones de remover jueces y a personas que ocupaban altos cargos, todo ello por instrucción de la presidente.
De hecho, colocó a su hermano Enrique Antonio Francisco, que desconoce por completo la ley, como juez del Juzgado para Adolescentes en Palma Sola y colocó a Marlon Neria Romero –hijo de Isabel Inés- como juez en Martínez de la Torre.
Lo curioso del caso es que Isabel Inés Romero Cruz no sólo colocó a su hijo y pareja del hermano de su secretario particular, sino que promueve plazas para los nuevos juzgados laborales que iniciarán en octubre, con precios que van desde los 100 mil y hasta el millón de pesos.
Se suponía que bajo la administración de la 4ª transformación la situación cambiaría en Veracruz, pero lo que está pasando revela que ha habido una relación muy estrecha entre el gobernador Cuitláhuac García; el pillo llamado Juan Javier Gómez Cazarín desde la Legislatura de Veracruz; la fiscal Verónica Hernández y la misma Isabel Inés Romero Cruz. El objetivo: los recursos del Poder Judicial y manejar a su antojo la aplicación de la justicia.
Habría una dispensa para Romero Cruz
Habría que ser idiota para dejar en un cargo a una persona que carece de conocimientos, capacidad y sentido común, eso es una realidad.
Pues así se anda manejando una versión de que Isabel Inés Romero Cruz podría recibir una dispensa para ampliar su cargo por lo menos tres años.
Es de todos sabido que ella cumplirá 70 años en abril del próximo año. Sus capacidades han disminuido, no tienen conocimiento de la ley y quienes están a su lado son los que manipulan y manejan la ley a su antojo. No es que sea una víctima, pero es muy limitada en muchas cosas y ha quedado probado que no sirve para el cargo.
Con ella sí se podría aplicar la ley que impulsó Miguel Ángel Yunes Linares para que los magistrados dejen sus cargos al cumplir 70 años.
La ley no es retroactiva pero no aplicaba en los magistrados Yolanda Cecilia Castañeda, Marco Antonio Lezama y Roberto Dorantes, pero con Romero Cruz sí, porque ella regresó al Poder Judicial cuando la ley ya funcionaba, de manera que, si tiene algo de criterio, cuando cumpla los 70 años podrá decir adiós y hasta tendrá tiempo para esconderse, pues la justicia la alcanzará, sin duda.
El saldo de dos malas administraciones
Tras el desafortunado paso de Sofía Martínez Huerta e Isabel Inés Romero Cruz en la presidencia del Poder Judicial, el saldo es peor que rojo.
Mal uso de recursos, intromisión y colocación de personas que desconocen la ley, magistrados que ingresaron desde 2019 sin carrera judicial, mala atención al tema del covid-19, retrasos en la aplicación de la justicia, nombramiento de jueces que son familiares y amigos, cero proyectos para implementar la justicia digital y muchos actos de corrupción que dejan mal parado al Poder Judicial.
Hoy, sólo existe una realidad, en el Poder Judicial se administra con las uñas y la justicia se aplica con el rabo.