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    Xalapa


    Fuera de la ley y cobarde calificaron animalistas locales, estatales, nacionales e internacionales la actuación del Ayuntamiento de Orizaba en contra de dos mujeres rescatistas que dan hogar temporal a animales desprotegidos y quienes debido a las quejas de una familia que colinda con este domicilio están siendo obligadas a terminar su labor y dar en adopción a los animales domésticos que ahí se encuentran en un plazo no mayor a 15 días.
    Abogadas en materia animalista reprobaron la actuación de la titular del Departamento Jurídico del Ayuntamiento de Orizaba encabezado por el alcalde Juan Manuel Diez Francos y la Unidad de Manejo Ambiental, al respecto la Lic. Isis Guillén Rasgado, miembro de Movimiento Consciencia en la zona sur del estado comentó que «al parecer este acto intimidatorio está basado en quejas de una sola familia , no de muchos vecinos y en un reglamento municipal de protección animal perfectible que se está manejando con un enfoque autoritario y contrario a la Ley de Protección a los Animales para el Estado de Veracruz, por ejemplo el artículo 1 de la citada ley menciona el fomento de la participación de los sectores público y privado, mediante la creación de sociedades o asociaciones cuyo fin sea el de proteger a los animales en general, el artículo 15 refiere que los ayuntamientos, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Veracruz serán quienes verifiquen las denuncias cuando existan quejas por ruido, hacinamiento, entre otros casos , es decir este procedimiento no se realizó como lo marca la ley en un día llegaron con imposiciones, por otro lado los artículos 19 y 20 nuevamente nos hablan de la participación que debe promover bajo Consejos Ciudadanos el ayuntamiento en las acciones gubernamentales relacionadas con la protección, la asistencia y el trato digno y respetuoso a los animales con particulares, asociaciones protectoras de animales, organismos sociales y personas físicas y morales, es decir sociedad en general, la ley es muy clara y no limita a quienes no son asociación civil, por lo que de ser necesario se podría promover un amparo en contra de los actos arbitrarios de las autoridades municipales y una denuncia en razón de violencia de género.»
    Por su parte Maricarmen García Elías, abogada especialista en legislación animalista y de infancia a nivel nacional dijo que, » en ninguna ley se estipula que ayudar a un animal necesitado sea un delito o merezca una sanción administrativa mucho menos que solo se pueden tener cinco perros como les fue advertido a las activistas por parte de las autoridades, no estamos en la época de Antonio López de Santa Anna o del dictador Porfirio Díaz, estas rescatistas de quienes conocemos su trabajo impecable en favor de los animales están en su propiedad y hacen el trabajo que las autoridades no realizan por omisión o simplemente porque no tienen interés en el tema hasta que suceden este tipo de casos, por si fuera poco les fijan un plazo de 15 días para dar en adopción a los animales ¿en qué ley se apoyaron para tal sanción? sencillamente en ninguna ley existe una medida así y un reglamento municipal que tiene áreas de oportunidad no puede estar por encima de una ley estatal, es desafortunado que se haya ignorado el procedimiento jurídico correcto y que hayan recurrido a amenazas en el domicilio particular de las afectadas en el sentido de que si no firman un documento redactado al gusto de las propias autoridades irá la fuerza pública a quitarles los perros para sacrificarlos en la perrera municipal (lo cual también está prohibido por la ley), eso es un abuso de autoridad que está fuera de toda ley.»
    Elideth Fernández Villegas autora del libro Revocar el Silencio, miembro de la Red Internacional de Artistas e Intelectuales por la Abolición de la Tauromaquia y fundadora del Santuario Sicarú en México, lamentó estos hechos y mencionó que » la empatía natural de la sociedad no puede ser reprimida por un reglamento que podría mejorarse tomando en cuenta a quienes están en primera línea rescatando animales y no solo escuchando a quienes están detrás de un escritorio y que desconocen la problemática real, no se puede cerrar ningún refugio ciudadano mientras el gobierno local no se haga cargo de sus responsabilidades marcadas en la Ley de Protección a los Animales para el Estado de Veracruz en pro de los animales con todos los gastos, infraestructura y tiempo que esto implica.»
    Asociaciones civiles en el centro del estado como OPRA, al frente de la Médico Veterinaria Delia Vega Mazahua reprocharon también el actuar de las autoridades y externaron su total apoyo para las rescatistas y los animales «les haremos la invitación para que se sumen a nuestra asociación civil , en México el 70% de los perros se encuentra en situación de calle por ello es importante la tarea de rescatistas independientes y asociaciones civiles en la disminución de este índice de abandono ya que gracias a estas personas se evita una zoonosis, apelamos a la civilidad del alcalde y de los funcionarios para que apoyen el trabajo de los rescatistas bajo la misma perspectiva de las leyes estatales en materia de protección animal que promueven un trato ético a los animales es fundamental que los servidores públicos en todos los niveles lo entiendan así pues es crítico que hayan actuado en una forma por demás represora.»
    Activistas, intelectuales y ciudadanos han iniciado una petición en change.org y se enviará una carta al Gobernador Cuitláhuac García para frenar estos abusos. https://chng.it/fLWMxqvr