Ignacio Alvarez
Pluma Negra
El Partido Verde se convierte en el único en postular sólo a mujeres como cabeza de planilla en los cuatro municipios en los que se repetirá la elección del 6 de junio, anuladas por los tribunales electorales. En la jornada del 27 de marzo próximo el PVEM consolida el privilegio a las mujeres.
Los tribunales electorales anularon la elección del 6 de junio pasado en cuatro de los 212 municipios veracruzanos y de acuerdo a la ley, se integraron concejos ciudadanos temporales para dar paso a la elección extraordinaria en la que todos los partidos que participaron en la elección anulada, tienen derecho a volver a participar, incluso los que perdieron el registro.
En este proceso extraordinario en los municipios de Amatitlán, Chiconamel, Jesús Carranza y Tlacotepec de Mejía, el Partido Verde postulará a las presidencias municipales, sólo a mujeres informó la secretaria general de ese partido, Eleaney Sesma.
De esa manera el Partido Verde mantiene una tendencia de privilegio a las mujeres, que se extiende a triunfos electorales, pues de los 31 municipios donde el Verde obtuvo triunfos en la pasada elección, 18 son mujeres, al igual que las dos diputadas locales y la propia secretaria general nombrada en diciembre por la asamblea estatal.
Cuña a la justicia
Un grupo de senadores y diputados federales y locales firmaron un manifiesto público este sábado en la Plaza Lerdo de Xalapa para crear el Movimiento por la Justicia que tienen en primer término, reclamar la liberación de mil 33 detenidos bajo el agonizante delito de ultrajes a la autoridad.
La detención de seis jóvenes el 8 de septiembre bajo ese delito y que fueron liberados el 19 de diciembre pasado, por la presión política y social, es el principal detonante del movimiento que exige al gobierno de Veracruz, a la Fiscalía General y al Congreso Local la derogación del delito, que en la voz de los protagonistas del movimiento, es un arma del gobierno para para reprimir a los ciudadanos a capricho de la policía.
Aunque la Comisión Especial en el Senado de la República para investigar los abusos de poder en Veracruz fue disuelta y no prosperó, la Comisión de Derechos Humanos del Senado retomó el expediente para disuadir al Gobierno de Veracruz del uso de herramientas legales que se presten al abuso y excesos en contra de los ciudadanos.
Ante el conflicto generado por el tema, un grupo de políticos decidió apretar con más fuerza, la obligada supresión del delito que envío el gobernador la semana pasada al Congreso, antes del año de aprobar ese delito como parte de una política de gobierno para garantizar el orden y el respeto a la autoridad.
El pasado sábado, se observó a los senadores Indira Rosales, Dante Delgado y Julen Rementería, el diputado federal Pepe Yunes, el ex senador Héctor Yunes, diputados locales, académicos y dirigentes de los Colegios, Asociaciones y Barras de Abogados.
La respuesta estuvo a cargo de Juan Xavier Gómez Cazarin presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local, quien descalificó al movimiento, en especial a uno de sus promotores, al ex gobernador Dante Delgado.