Enrique Yasser Pompeyo
Mesa de Redacción
¿Cómo se resarce un daño moral?, es la pregunta que seguramente muchos veracruzanos se hacen.
El error cometido ya sea por la Coordinación Nacional Antisecuestro (CONASE) o por la Fiscalía General del Estado (FGE), encabezada por Verónica Hernández Giadáns, al detener a una persona con el mismo nombre que el “verdadero” criminal y exhibirlo públicamente como el presunto responsable del doble homicidio-feminicidio de dos mujeres periodistas, pone en entredicho el nivel de preparación, experiencia y capacidad de investigación del personal de ambas dependencias.
El asunto es grave, porque, entonces, todos los veracruzanos se encuentran en riesgo de ser aprehendidos, por el simple hecho de llamarse igual que los delincuentes que son buscados.
En otros países, por este error, la fiscal general Verónica Hernández Giadáns y otros funcionarios, ya hubieran renunciado.
Lo peor es que las autoridades estatales y el ente autónomo, en un intento por justificar su error, habrían llevado al joven Antonio de Jesús hasta Palacio de Gobierno, quien supuestamente “agradeció” el acompañamiento de las autoridades.
De manera que es inevitable pensar en un “show montado”, además de que surgen muchas dudas, interrogantes y sospechas.
Si el joven y sus familiares acudieron por voluntad propia, ¿por qué evitaron hacer declaraciones a los representantes de los medios de comunicación?
¿Fueron amenazados? ¿Les advirtieron que no hicieran declaración alguna a los reporteros?
Quedan las dudas, sobre todo, porque un día antes, familiares y conocidos del joven acudieron a manifestarse frente a Palacio de Gobierno y hasta bloquearon la avenida Enríquez en el centro histórico de Xalapa.
A pesar de que lo nieguen las autoridades estatales, el muchacho fue afectado en su honor, en su reputación y de forma emocional.
¿El joven detenido “accedió” a que lo trasladaran desde Xalapa hasta Coatzacoalcos? ¿No fue aislado? ¿No estuvo incomunicado?
¿A todos los detenidos se les pregunta y se les pide permiso para que sean trasladados de una ciudad a otra?
Ante el silencio del joven y de sus familiares, siempre quedará la duda.
Por este y otros casos, hay quienes consideran que la fiscal general Verónica Hernández Giadáns debe dejar el cargo por ética.
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