Manolo Victorio
Carpe Diem
Cuitláhuac García Jiménez no puede irse; es el gobernador. Ahí la respuesta al berenjenal que atraviesa el gobierno estatal con la desaparición de Viridiana Moreno Vásquez, ocurrida en Ciudad Cardel.
La Fiscalía General del Estado atraviesa otra crisis, la segunda en menos de ocho días, empujada por la indignación social que exige un alto al silencio público en un caso que crece sin control debido a la falta de respuestas concisas, precisas y macizas en los resultados jurídico-forenses respecto al estatus de Viridiana.
Verónica Hernández Giadáns debió tarjetear, escribir un memorándum sintético que debió entregar al gobernador Cuitláhuac García Jiménez la mañana del viernes 20 de mayo; de ahí la lógica más elemental, sustraída de las Mesas de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz que encabeza el jefe del ejecutivo todos los días.
“Yo atendí el caso. No está desaparecida. Está resguardada”, contestó al botepronto el gobernador en Ciudad Cardel el viernes 20 de mayo, ante la presión de una entrevista banquetera.
Ahí está el testigo auditivo. Ahí queda la palabra empeñada para la posteridad.
En caso que cada hora transcurrida se asemeja al encadenamiento de errores en la desaparición y muerte de Debani Escobar, convertida en estandarte de la lucha de las mujeres, de la sociedad entera en estos días donde la numeralia brutal suma 8 mujeres desaparecidas cada día y 14 mil 600 desaparecidas, según la Comisión Nacional de Búsqueda, Verónica Hernández Giadáns tiene el tiempo y las circunstancias en contra en el manejo mediático del caso Viridiana Moreno Vásquez.
Es cierto que la secrecía es un elemento fundamental en el hilo de la investigación pericial, también que la fiscal no debe armar todos los días un tinglado para satisfacer la voracidad de los medios de comunicación; sin embargo, aquí la presión social va in crescendo y esto obliga a encarar la crisis.
La marcha de este miércoles en Xalapa, donde la rabia, impotencia, coraje y desilusión de los colectivos femeninos se empalmaron en trágica ironía en el Día Naranja que sólo es doloroso onomástico para colgarse el listón naranja y tomarse la foto en ánimo recordatorio y burocrático de la necesidad de parar la violencia donde las mujeres ponen 11 víctimas al día en este México nuestro dónde las mujeres peligran en todos los sectores, obliga a revisar con urgencia la pérdida de poder, la falta de respuestas en una situación que hace ebullición.
Viridiana Moreno Vásquez es ya un estandarte de una ira contenida en la sociedad que estalla no sólo en las marchas sino en las pintas y destrozos hechos en el hotel Bienvenido de Cardel, el trágico lugar donde esta joven mujer debió llegar para una entrevista laboral, en búsqueda de una posición de recepcionista.
Los padres de Viridiana, Enrique Moreno Marini y Aurora Vásquez Rosales son los personajes que manejan, involuntaria, dolorosamente, la agenda pública en la exigencia que sea un laboratorio forense independiente el que realice las pruebas genéticas para saber con veracidad científica si los restos de un cuerpo desmembrado encontrado por policías ministeriales de la FGE en una cisterna de Chachalacas, corresponden a su hija, buscada aún con la esperanza vigente de encontrarla viva y viable.
Los padres de Viridiana, igual que los padres de Debani, no creen ya la versión de la Dirección de Servicios Periciales que intentó que reconocieran que los restos hallados en el balneario de Chachalacas son los despojos de su hija.
Aquí hay una crisis que resolver con urgencia, pero con inteligencia científica.
La repetición del gravísimo e infantil error en la presentación Antonio de Jesús “N”, alias “El Mara”, como asesino material del doble crimen de Yessenia Mollinedo Falconi, directora de El Veraz, y su compañera, Sheila Johana García Olivera, camarógrafa del medio digital, asesinadas el 9 de mayo afuera de un Oxxo en Cosoleacaque, sería el acabose.
“El Mara” que fue detenido agentes de la Coordinación Nacional Antisecuestro, imputado de ser el autor material de las periodistas, resultó ser un jovencito xalapeño que, a la hora del doble crimen, a las cuatro de la tarde, esperaba un pedido en la taquería “El buen pastor” a 400 kilómetros de distancia, para entregarlo a través de la aplicación Rappi, donde el jovencito xalapeño se gana la vida y financia sus estudios.
Luego de la pifia que duró diez horas, destrabada por la movilización social, el joven estudiante salió en libertad con un lacónico usted disculpe, nos equivocamos.
Las respuestas, basadas en una investigación alejada de toda duda, deben llegar.
La justicia, resguardada por el trabajo imparcial que no fabrique culpables ni enderece chivos expiatorios, debe emerger.
El grito colectivo del «no estamos de luto, seguimos en la lucha» debe retumbar a intramuros de la Fiscalía General del Estado.
El «no estamos de luto, seguimos en la lucha» seguirá escuchándose con fuerza.
Es una realidad que no puede tergiversarse.