Enrique Yasser Pompeyo
Mesa de Redacción
El Gobierno de Veracruz que encabeza Cuitláhuac García Jiménez ofreció una disculpa pública a víctimas de desaparición forzada en 2015 y lo hizo, obligado, para cumplir con la recomendación 170/2020, emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
El acto que se realizó en Coatzacoalcos fue meramente para cumplir con el trámite y ya. ¿Qué sigue?
Como lo dijeron los familiares de los desaparecidos, las disculpas no son suficientes, no bastan; el dolor sigue presente y jamás desaparecerá.
La exigencia, las demandas al titular del Ejecutivo estatal son varias; primero, que se reúna con ellos y que los escuche.
También piden que se le dé seguimiento a la declaratoria de Programa Emergente por Crisis de Violaciones de Derechos Humanos en Materia de Desaparición de Personas en Veracruz que el mandatario firmó el primer día de su gobierno al que, por cierto, sólo le quedan 30 meses.
Las familias exigen verdad y justicia, ya que la Fiscalía General del Estado, a cargo de Verónica Hernández Giadáns, deja mucho que desear.
Lo que demandan los familiares de desaparecidos son hechos, no palabras.
Pero, además de los eventos ocurridos en el pasado, están los que suceden en el presente, en la actual administración estatal.
Desde hace más de tres años continúan las agresiones a los ciudadanos, a la población, a los periodistas. Ejemplos sobran. Se recordará el famoso delito de ultrajes a la autoridad.
Y son precisamente los elementos policíacos quienes cometen esos actos violatorios a los derechos humanos. ¿Y qué hacen las autoridades para corregir esa situación?
Apenas la semana pasada, el viernes 27, reporteros que cubrían un hecho en Xalapa fueron agredidos por policías estatales.
El discurso oficial de que se respetan los derechos de los ciudadanos se mantiene y así continuará hasta el último día de esta administración. Nada ha cambiado y nada cambiará.
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